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Opinión

Voto de chilenos en el extranjero

PULSO 18/01/2016

Por Ericka Farías. La iniciativa no parece gozar de estándares técnicos que aseguren eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia.

La reforma constitucional de 2014 estableció que los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del territorio nacional podrán votar en tres situaciones: para las elecciones primarias presidenciales, las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales, entregándole el establecimiento del proceso de inscripción en el Registro Electoral y el procedimiento del acto mismo del voto a una ley orgánica constitucional. Es por ello que el Ejecutivo envió un proyecto de ley donde se señalan los requisitos que deben cumplir electores en territorio extranjero, autoridades y funcionarios del respectivo consulado chileno, el procedimiento de votación, algunas responsabilidades por infracción a la ley y, someramente, los requisitos de los lugares de votación.

La iniciativa propuesta no parece gozar de estándares técnicos que aseguren la eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia de los procesos eleccionarios. Los problemas que se pueden generar son variados. En primer lugar, al otorgar al cónsul -y con ello a los funcionarios consulares- roles activos en las elecciones, que van desde que aquel presidirá la junta electoral hasta resguardo de votos y actas electorales; esto nos hace sospechar que puede ser un proceso en que el Gobierno de turno goce de una primacía con respeto a los candidatos de oposición. En efecto, el proyecto regula escasamente lo referente a campañas electorales, por tanto, mañana nadie podrá fiscalizar o impedir que el Gobierno utilice indirectamente viajes oficiales e instalaciones consulares para contribuir a la campaña del presidenciable que escoja.

En segundo lugar, debemos señalar que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores se redujo en 0,5% para el año 2016 y, aunque el proyecto no lo establece del todo, los consulados deberán realizar una serie de actos preparatorios a la elección, por lo que requerirán mayores recursos. Por ahora, solo existe un informe financiero de la Dirección de Presupuestos en que se señala que el proyecto “irrogará un gasto de $494.600 miles por una sola vez durante su primer año de ejecución” para inversión de sistemas informáticos, publicidad de nuevas circunscripciones (que todavía no sabemos cuáles) e inscripción y cambio de domicilio. Adicionalmente, sostiene que en los años electorales el gasto anual será de $3.086.823 miles para el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servel más lo que se destinará para hacer notificaciones a quienes declaren cambio de domicilio y a vocales en el exterior. Sin embargo, no se establecen mayores detalles de gastos ni la cantidad de recursos humanos que serán empleados.

Finalmente, creemos que se deben otorgar mayores facultades fiscalizadoras al Servel y, quizá, utilizar recursos electrónicos, por ejemplo, que el momento del escrutinio de votos sea grabado y los videos de público conocimiento. La iniciativa debe tratar de asemejar las elecciones en el extranjero a las que se realizan en Chile. Solo así podremos asegurar la igualdad del voto, la abstención de proselitismo político, la identidad de votantes, el correcto escrutinio de votos y custodia de los mismos, entre otros puntos.

*La autora es abogada Programa Legislativo Fundación Jaime Guzmán.

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