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Opinión

Ratificando una gratuidad discriminatoria

PULSO 26/05/2016

Por María Paz Arzola. Se confirma la intención del Gobierno de seguir condicionando arbitrariamente la gratuidad a características de la institución.

En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta redujo la meta de gratuidad en educación superior comprometida en su programa: en lugar de los estudiantes provenientes del 70% de menores ingresos del país, señaló que para el final de su mandato pretende llegar al 60%. Con esta en mente, este año se avanzó con 125 mil alumnos pertenecientes al 50% de menores ingresos en 30 universidades elegibles, y para el 2017, el compromiso es incorporar a quienes asistan a instituciones de educación superior técnico profesional sin fines de lucro y con cuatro o más años de acreditación. Esto, según estimo, permitiría sumar del orden de 50 mil alumnos de siete centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).

De esta forma, se confirma la intención del Gobierno de seguir condicionando arbitrariamente la gratuidad a características de la institución, lo que es incorrecto, pues el financiamiento estudiantil es un beneficio para el alumno. Peor aún, las exigencias en este sentido son dispares: el requisito de años de acreditación no rige para instituciones del Consejo de Rectores, aun cuando al interior de este hay tres universidades estatales que lo incumplen. Así, habrá unos 160 mil estudiantes del 50% de menores ingresos que estudian en 22 CFT e IP que serán excluidos de la gratuidad, aunque tienen igual o mejor acreditación que estas tres universidades que sí entran. El caso de Inacap ejemplifica muy bien cómo los criterios ideológicos del Gobierno son incoherentes con los objetivos de equidad: a pesar de su excelente calidad (respaldada por sus seis años de acreditación), sus más de 40 mil alumnos que según nuestras estimaciones pertenecen al 50% de menores ingresos del país, serán excluidos de la gratuidad.

No soy partidaria de concentrar los aumentos del gasto público en educación superior; pero si es el camino elegido, creo que al menos debería hacerse en forma justa. La Presidenta, en cambio, si bien ajustó en algo las expectativas a la realidad, ratificó de todas formas con su discurso su intención de continuar con una gratuidad discriminatoria y basada en arbitrariedades, y que sospecho no logrará mejorar ni la calidad ni la equidad en el acceso a este nivel educativo.

*La autora es investigadora Programa Social Libertad y Desarrollo (LyD). @MPArzola