Tribunal constitucional 2

Opinión

Propuesta de cambios al Tribunal Constitucional

PULSO 12/02/2018

No es oportuno revisar el funcionamiento de ninguna institución si lo que se busca con ello sólo es acomodarlas de acuerdo con las expectativas personales (o de partido).

Una moción presentada por los senadores socialistas Isabel Allende, Alfonso de Urresti y Juan Pablo Letelier, propone el cambio estructural más importante del Tribunal Constitucional (TC) desde su creación en 1970.

La propuesta incluye eliminar la facultad de control preventivo de los proyectos de ley que hoy ejerce el Tribunal Constitucional, tanto de oficio como a petición de parte, y por primera vez hacer procedente la acusación constitucional en contra de sus magistrados por infringir la Constitución.

La propuesta legislativa socialista se planteó sobre la base de su diagnóstico respecto de las recientes actuaciones del organismo: “En los últimos años las atribuciones del Tribunal Constitucional, y la particular forma en que este las ha interpretado y ejercido, han causado una profunda preocupación y malestar en la ciudadanía. Esta ha visto amenazados algunos de sus derechos más vitales por la práctica sistemática de la minoría parlamentaria de recurrir a la sede constitucional cuando su opinión no prevalece en el Congreso Nacional, pero también por el ejercicio de sus atribuciones de oficio”.

En su crítica al eventual rol de “colegislador” del TC, los senadores mencionan en su proyecto los casos de la Reforma Laboral, la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y la creación de un Sernac 2.0.

Si bien todas las instituciones del Estado son revisables y mejorables en su función, la reforma propuesta por los senadores PS no da cuenta -hasta donde se conoce- de una expectativa de mejora administrativa sustancial del sistema, de sus implicancias ni alcance. Por el contario, según los argumentos esgrimidos, la agenda planteada tiene más un carácter reactivo al resultado del trámite de algunos proyectos que no dejaron conformes a los legisladores.

No es oportuno revisar el funcionamiento de ninguna institución si lo que se busca es acomodarlas de acuerdo con las expectativas personales (o de partido) que se puedan tener.

La modernización y mejor funcionamiento del Estado debe responder a intereses superiores y no a agendas particulares.