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Opinión

Paraísos fiscales y desigualdad

PULSO 19/05/2016

Por Elton Dusha. Dada la naturaleza global de los negocios hoy, algunos flujos tienden a provocar incertidumbre sobre las obligaciones tributarias.

Las recientes filtraciones del llamado caso Panama Papers han revelado, con desagradables detalles, la magnitud con la que la elite global utiliza los paraísos fiscales para ocultar y desplazar sus riquezas, y la facilidad con la que esta puede evadir sus obligaciones fiscales.

Para la mayoría de los investigadores que han pasado tiempo estudiando la corrupción y la evasión de impuestos, la noticia no fue en especial sorprendente, aun cuando el tamaño de la filtración y el número de individuos involucrados es realmente inconcebible. A medida que la agitación inicial se desvanece, los expertos tienen tiempo para sumergirse en los millones de páginas para tratar de establecer la verdadera dimensión de los daños provocados. Mientras eso sucede, podemos tratar de esbozar algunas conclusiones generales de la historia.

Primero, deberíamos tener en cuenta que muchas corporaciones y otras organizaciones públicas y privadas que usan refugios fiscales (las existencias totales de riquezas privadas resguardadas en centros offshore son de alrededor de US$11 billones) lo hacen como una forma de evitar una doble tributación de mano dura, que proviene de la falta de coordinación a nivel de país. Dada la naturaleza global de los negocios hoy día, algunos flujos de fondos tienden a provocar incertidumbre sobre las obligaciones tributarias en el país de destino/origen; reflejo del mal estado en que se encuentra la coordinación de impuestos transfronteriza.

Aquí también se debería considerar que la expropiación/extorsión es relativamente común en todo el mundo, por lo cual los refugios fiscales sirven como un propósito legítimo al ocultar las riquezas de algunos gobiernos o países que son incapaces de protegerlas. En este sentido, a pesar de nuestra entendible aversión moral a dichas tácticas, puede haber usos legítimos para los paraísos fiscales.

Segundo, las investigaciones han demostrado que corrupción y desigualdad están altamente correlacionadas. En mi propio trabajo he logrado demostrar que, a medida que la corrupción aumenta, los funcionarios gubernamentales se vuelven más negligentes en cuanto a la recaudación de impuestos, en tanto que los individuos con más riquezas tienden a pagar menos. De esta manera, el aumento en la desigualdad que se ocasiona es una autocondena; mientras la desigualdad aumenta, la corrupción también se eleva con ella en un círculo vicioso. Además de facilitar el monopolio en la extracción de recursos del Estado de manera injusta, este tipo de acuerdos tiende a presentar consecuencias de eficiencia negativas.

CUANDO LOS gobiernos ponen barreras para emprender, las que dependen negativamente de las riquezas propias, aquellos que no tienen los medios financieros para participar en un juego tan imperfecto quedan fuera del sistema económico y pierden oportunidades de ganar acciones justas. Una economía así evita que individuos perfectamente capaces tengan completa participación solo porque no tienen acceso a los recursos financieros. Más allá de ser injusto, esto también es ineficiente, porque estos sistemas económicos no utilizan sus recursos humanos en todo su potencial.

Tercero, existe una extensa línea de investigación que estudia la utilización de intermediarios en casos de corrupción. Lo que hemos encontrado es que los intermediarios surgen porque tienden a proteger a funcionarios corruptos de la mirada pública. Naturalmente, ellos ganan honorarios por prestar estos servicios. De aquí que una de las consecuencias más positivas de los Panama Papers será que aumentarán los costos de los intermediarios entre los políticos corruptos y aquellos que pagan los sobornos. Al final, esto subirá las tarifas que estas compañías pueden ganar por proveer dichos servicios. Sin embargo, existe un mercado muy amplio y competitivo, y no creo que estas revelaciones tengan un efecto importante en las ganancias de los intermediarios.

Finalmente, las divulgaciones que dan cuenta de que los montos asegurados en estos paraísos son comparables con el PIB de grandes países industrializados constituyen una ofensa para la idea de que los ciudadanos compartimos la carga de financiar al Estado moderno.

En el fondo, estos excesos tienen un efecto corrosivo a largo plazo en la participación de los ciudadanos en una sociedad democrática. Es muy difícil hablar de una sociedad justa cuando la minoría más rica no comparte los mismos estándares que la mayoría. 

*El autor es académico Ingeniería Industrial, U. Chile, e investigador Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, y Proyecto Anillo “Search and Matching: Assets, Unemployment, and Governance”.