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Opinión

Orden y Patria

PULSO 07/06/2016

Por Álvaro Pezoa Bissieres. ¿Cuánta penuria más habrán de padecer los chilenos para que las autoridades reaccionen y actúen como sería de esperarse?

Orden en la Patria: ¡hace falta!, y a raudales. La delincuencia común se ha tomado las calles, las plazas y los barrios. Por años esta realidad se ha mantenido como la principal preocupación -y malestar- de la ciudadanía, que ve con estupor cómo los delincuentes actúan a placer y, si llegan a ser apresados, suelen ser liberados prontamente por los tribunales de justicia. En las regiones del Biobío y la Araucanía es derechamente el terrorismo el que campea por sus fueros, ante la debilidad patente, sino la franca dejación de deberes de la autoridad formalmente instituida.

La secuela de estos hechos se traduce en una larga lista de auténticos atropellos de derechos concretos y personales, nada abstractos ni retóricos como los que algunos gustan en pregonar. Se trata de daños, muchas veces irreparables y siempre abiertamente injustos: robos, asaltos, golpizas, violaciones, asesinatos. Dolores personales y familiares, tal vez de por vida. Propiedad privada sustraída, ocupada ilegalmente, quemada o destruida. Ni tan siquiera los templos religiosos escapan a esta avalancha de mal y destrucción.

Mientras tanto -se trata de años-, parte importante de aquellos que detentan posiciones de autoridad debaten sobre si la situación que asola a la Araucanía corresponde a la figura legal de delincuencia o terrorismo, al tiempo que se esmeran en buscar atenuantes, las más de las veces sin un efectivo asidero en la realidad, para “bajarle el perfil” a los hechos y justificar sus claudicaciones en el ejercicio de su potestad en aras de los ciudadanos honrados y trabajadores que simplemente aspiran a poder convivir en una sociedad pacífica y segura.

Respecto de la delincuencia no terrorista, ocurre otro tanto. Basta con estar atento al acontecer cotidiano del país para constatar lo señalado. Los desmanes, con resultado de muerte, del pasado 21 de Mayo en Valparaíso representan bien a las claras de que se está hablando. Se trataba de un escenario previsible, incluso anticipado por el alcalde del puerto, pero nada. Después del vendaval de violencia, enmascarada y cobarde, que costó la vida a un humilde trabajador, la población debe tragarse una monserga que, por repetida e ineficaz, no resulta creíble. Se hace referencia, por supuesto, a las declaraciones de condena y pesar que emanan de diversos personeros que tienen algo que decir en relación al combate de la violencia delictual y terrorista partiendo, como no, por la primera magistratura de la nación.

Con razón cabe pensar que falta coraje para encarar estas lacras. Sí pero, todavía más, hay carencia de convicciones. En nombre de una ideológica protección y defensa de los derechos humanos se ha llegado a la paradoja de dejar inermes los derechos de quienes primeramente merecen tal cuidado, hasta el punto de que en el Chile actual cotidianamente se hace carne la antigua figura del “ladrón detrás del juez”. ¡Qué inicuo!

Tal vez, por qué no, junto con la obnubilación producida por la ideología, obren en determinados personeros mecanismos sicológicos individuales de autodefensa que los conduzcan a simpatizar con los victimarios, pues más de alguno de ellos tuvo en el pasado algún tipo de participación conocida en grupos terroristas.

Al fenómeno descrito se encuentra asociado el calvario que experimenta el cuerpo de Carabineros de Chile. Se le ha restado el necesario apoyo por parte de sus superiores políticos, quienes lo han dejado “sin piso” para ejercer su labor de combate a la delincuencia. Más todavía, en no pocas ocasiones sus miembros han recibido duras sanciones -hasta la expulsión ignominiosa- por hacer lo que debían o tan solo por defenderse de los ataques de malhechores que, dadas las circunstancias, han percibido que pueden actuar en la impunidad. No siendo bastante con ello, el debilitamiento de las fuerzas policiales ante la comunidad ha sido acentuado por una amplia difusión de su desamparo en los medios de comunicación. Coartada como está su potestad, resulta absolutamente inaceptable que ahora haya quienes, desde las mismas posiciones de autoridad mencionadas, se quejen de que Carabineros podría haber sido más proactivo y enérgico para afrontar determinados embates de desorden público. Para el ciudadano de a pie resulta hoy más fácil que nunca empatizar con la policía uniformada, que ha ido quedando gradualmente atada de manos para realizar su abnegada tarea, precisamente por aquellos que, por sus funciones, se hallan llamados a respaldarla.

Qué decir, sobre el particular, de los grupos parlamentarios de la Nueva Mayoría que se oponen a las propuestas de su propio Gobierno para promulgar una ley de control de identidad preventivo, que posibilite una mayor eficacia a la policía frente a las actividades criminales. ¿Más ideología?, ¿amparo a agitadores?, ¿preocupación por privilegiar los “derechos de los violentistas de izquierda” antes que los de la población? No ha sido muy distinta la posición de sectores con domicilio político conocido en relación al trato que corresponde dar a los tristemente denominados “encapuchados”, que han devenido en amos y señores de las protestas estudiantiles.

¿Cuánta penuria más habrán de padecer los chilenos para que las autoridades reaccionen y actúen como sería de esperar en este campo? ¿Tendrá que convertirse el país en una suerte de “far west”, en que cada cual haga valer su propia ley, para que se produzca el cambio de actitud y de política frente a la delincuencia y el terrorismo que clama a gritos? 

*El autor es profesor titular cátedra de Ética y Responsabilidad Empresarial ESE Business School de la Universidad de los Andes (apezoa.ese@uandes.cl).