Opinión

Nuevo modelo de gestión para proyectos de energía

PULSO 17/04/2018

Por Ricardo Irarrázabal,

LA FORMA en que tradicionalmente se evaluaban los proyectos de inversión por parte de los inversionistas que deseaban adquirirlos (el llamado due diligence), se basaba en un análisis de los distintos derechos de propiedad: aguas, inscripción predial, servidumbres y permisos ambientales, para que el proyecto tuviera el visto bueno para ser adquirido.

En la actualidad, dicho análisis no es suficiente: se requiere muchas veces acreditar una serie de estándares que construyan una verdadera licencia social y ambiental para operar. En este sentido, ¿de qué sirven todos los derechos de propiedad si finalmente el proyecto no logra ser construido y operar debido a una creciente oposición? Es por ello que en los actuales due diligence se exige el cumplimiento de una serie de estándares – como los del IFC, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y otros – que van mucho más allá del simple análisis de los derechos de propiedad.

Todo ello, evidentemente, puede ser construido desde un punto de vista estrictamente privado. Sin embargo ¿cuál debiera ser el rol del Estado? ¿De total pasividad o de facilitador del proceso que lleve a generar un real valor compartido por parte del proyecto de inversión y así una licencia social para operar? En los distintos talleres participativos de la “Ruta Energética” que estamos llevando a cabo de Arica a Magallanes, y que reúnen a comunidades, gremios y academia, se ha demandado un nuevo modelo de gestión pública para los proyectos de inversión – y específicamente para los proyectos de energía – y al cual justamente se adscribe el Plan “+Energía” del Ministerio, el cual contempla una serie de mecanismos a utilizar.

Antes del SEIA, los mecanismos tienen que ver con un apoyo para el análisis territorial y participación anticipada, así como la facilitación de un relacionamiento previo con las comunidades a través de acuerdos voluntarios que debieran ser suscritos por los titulares de comunidades, además de eventualmente otros actores. Se busca que en esta etapa se puedan discutir con la comunidad algunos elementos más políticos que nos son posibles de analizar en el marco técnico del SEIA, tales como ubicación del proyecto y diseño – cuando ello es factible -, temas de responsabilidad social empresarial, valor compartido, beneficios en las utilidades, etc. Lo clave acá es que las temáticas que se discutan no se mezclen con el SEIA técnico (análisis de impactos y medidas). Además, lo que se acuerde, debiera incorporarse como compromiso voluntario en la evaluación ambiental, lo cual sería fiscalizable por parte de la Superintendencia.

Durante el SEIA, la discusión técnica colectiva resulta primordial, para lo cual se plantea la utilización de un mecanismo, presente en nuestra legislación, que ha sido totalmente subutilizado: los comités técnicos, que debieran convocarse para resolver técnicamente y en forma temprana los principales problemas de la evaluación ambiental de proyectos, y al cual debiera invitarse al titular, generándose un acta que es parte del expediente de evaluación.

Finalmente, después del otorgamiento de la RCA favorable, un mecanismo de seguimiento a los diversos trámites y permisos, visibilizando el responsable y los plazos de los distintos trámites administrativos.

Subsecretario de Energía