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Opinión

Más malas noticias en educación

PULSO 09/06/2016

Por María Paz Arzola. Ignorando las dificultades ya evidenciadas este año 2016, se anticipó que el Gobierno insistirá en la gratuidad.

La semana pasada, la prensa informó sobre nuevos contenidos que se supone incluirá el proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior próximo a ser ingresado. Además de ratificarse la intención de crear una superintendencia “todopoderosa”, con excesivas facultades para interferir y resolver materias propias de la autonomía que les corresponde a las instituciones, se entregaron preocupantes trascendidos relativos a los cambios que se buscará hacer al sistema de financiamiento estudiantil.

Ignorando las dificultades ya evidenciadas este 2016, se anticipó que el Gobierno insistirá en la gratuidad. No obstante, dado el alto costo de esta medida, el avance en ella se condicionará a indicadores de crecimiento económico y disponibilidad de recursos fiscales. De esta forma, la ley obligaría a que los próximos gobiernos avancen gradualmente hasta el 100% de los alumnos (de ciertas instituciones) conforme se den ciertos escenarios financieros.

En Hacienda podrán dormir tranquilos por su aparente responsabilidad, y en Educación, por cumplir con el mandato de la Presidenta. En cambio, no tendrán la misma tranquilidad los futuros gobiernos que deberán efectuar dichos gastos, y que se verán limitados de destinar los recursos públicos a sus propios programas. Pareciera que la aprobación de reformas dañinas -o en el mejor de los casos irrelevantes- en educación escolar no será suficiente para el Gobierno; además intentará dejar amarradas las malas reformas que sea incapaz de concretar durante estos cuatro años.

Y como si esto no bastara, parlamentarios de izquierda solicitaron al Gobierno medidas adicionales para asegurar que la participación de las universidades estatales en la matrícula total (que hoy es del 15%) llegue al 50%. Así, pasan por alto que el objetivo del financiamiento estudiantil es apoyar al alumno y no dudan en tratar de usarlo para alcanzar fines de otra índole, que tienen más que ver con favorecer a grupos de interés que a velar por el cumplimiento de objetivos de equidad. Con todo, es difícil ser optimista respecto a lo que viene en términos del proyecto que ingrese y al debate que se dé en el Parlamento.

*La autora es investigadora Programa Social Libertad y Desarrollo (LyD). @MPArzola