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Opinión

Límites de intervención del gobierno en la pareja

PULSO 31/05/2016

Por Jeanne Lafortune. El poder de negociación no se determina solo por leyes gubernamentales, sino de manera más relevante por otros factores externos.

En muchos países del mundo, la cohabitación entre parejas es una alternativa de vida que se prefiere por sobre el matrimonio. En respuesta, varios gobiernos han tratado de ofrecer reglas y protección a los esposos en este tipo de uniones. La idea que subyace es ofrecer una protección al miembro económicamente más débil en caso de separación, tal como la ofrece el matrimonio.

El estudio “Changing the Rules Midway: The Impact of Granting Alimony Rights on Existing and Newly-Formed Partnerships” que se publicará muy pronto en el Economic Journal, que escribí en conjunto con Pierre-Andre Chiappori, Murat Iyigun y Yoram Weiss, analiza, teóricamente y empíricamente, cuáles pueden ser las consecuencias de tales cambios legales en la cohabitación.

Teóricamente, nuestra investigación muestra el límite que pueden tener estas reglas en términos de protección al miembro del hogar económicamente más débil. Eso se debe a que las parejas pueden “hacerles el quite” a los objetivos planteados por las reglas del gobierno con bastante facilidad. Imaginemos, por ejemplo, el caso de una mujer que gana menos que su pareja con la cual cohabita. Antes de que existiera este tipo de regla, la pareja habría negociado que en su relación, la mujer recibiría una fracción del ingreso de su pareja y que en caso de separación, no podría recibir nada. Una vez que la ley obliga esta pareja a llegar a una división más igualitaria al momento de la separación, dado que los poderes de negociación de cada miembro del hogar no han cambiado, no hay nada que prohíba al miembro más rico de la pareja disminuir cuánto dinero comparte con su pareja durante la unión. En este caso, la ley que se propuso para proteger a algunos individuos en caso de separación, puede terminar perjudicándolos mientras permanecen emparejados. Lo que es clave aquí es que el poder de negociación de cada miembro de la pareja no se determina solamente por las leyes gubernamentales, pero sí de manera mucho más relevante por factores externos, como la disponibilidad de parejas alternativas, la calidad de estas parejas y la dificultad que uno puede tener en la búsqueda de una pareja.

Lo que sí mostramos en el modelo teórico es que la política impacta de manera importante a parejas que ya estaban juntas al momento del cambio de la normativa. Las únicas personas a las cuales la política puede claramente ayudar son aquellas que han compartido desde hace muchos años una cohabitación. Para ellos, dado que las reglas para compartir durante la relación ya se decidieron, sin conocer la nueva política, la capacidad de deshacer o hacerle el quite al cambio impuesto por la ley es más limitada. Entonces, las mujeres que ya están en relaciones de cohabitación pueden beneficiarse porque su pareja no le puede “cobrar” o “descontar” los beneficios que se podrá ganar si eventualmente se separaran.

Nuestro trabajo arroja también evidencia empírica de los efectos de este tipo de políticas. Estudiamos una serie de leyes provinciales promulgadas en Canadá que permitieron a parejas en cohabitación pedir pensión alimenticia en caso de separación. Las políticas se implementaron en distintos lugares y bajo distintas reglas, permitiéndonos controlar otros factores que podrían estar operando al mismo tiempo.

Los resultados son consistentes con nuestro modelo teórico. Cuando se implementan estas políticas, las mujeres que ya estaban en relaciones pueden trabajar menos y estudiar más, lo que interpretamos como una ganancia para ellas en su capacidad de negociación con sus parejas. Pero para parejas que se formaron después de los cambios en las leyes, se ve un impacto neutro e incluso opuesto.

Finalmente, mostramos que los cambios en las leyes tampoco cumplieron otro objetivo a veces mencionado: contribuir a estabilizar las relaciones de pareja entre cohabitantes. Observamos que las relaciones que se formaron después de la implementación de las leyes no tuvieron una mayor duración que las anteriores, pero en cambio tuvieron menos probabilidad de transformarse en matrimonios.

Nuestra conclusión principal es que hay un límite importante a lo que pueden esperar los gobiernos al promulgar leyes de este tipo. Si bien pueden tener un impacto sobre parejas ya conformadas, es bastante fácil pensar que parejas que recién empiezan una vida en común pueden neutralizar fácilmente los efectos que persiguen estas leyes. 

*La autora es Ph.D. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), directora de investigación del Instituto de Economía UC e investigadora del EH Clio Lab.