Opinión

Ley contra incitación al odio

PULSO 08/09/2017

Es una ley probablemente inevitable, acorde con los tiempos, pero no urgente. Si bien avanza en la dirección correcta, se debe tener cuidado con sus términos.

Dentro de su agenda valórica y cultural, la Presidenta Michelle Bachelet envió el proyecto que sanciona la llamada incitación al odio. El Ejecutivo puede argumentar que se trata de una normativa que recoge una tendencia mundial; prueba de ello es, por ejemplo, la dureza con que la FIFA ha castigado a Chile por los gritos de sus hinchas contra minorías y otros países en los partidos de la selección.

Un fenómeno distinto es evaluar si en lo inmediato se trata de una prioridad en el país, tomando en cuenta que Chile no arrastra una historia en particular más grave que la de otros países en materia de discriminación a minorías, asumiendo que sí se trata de una cuestión sociológica e historiográfica discutible y opinable. Desde luego hay miembros de minorías que sí pueden sentirse agraviados y ello no se debe minusvalorar.

Con todo, es una ley probablemente inevitable, quizá no urgente, pero que demanda un análisis cuidadoso de sus términos. La frontera entre la libertad de expresión y el delito -de opinión o acción- no siempre puede tipificarse al detalle. Tampoco la ley debería inducir a establecer una conducta o verdad estatal que se confunda con la corrección política. La experiencia comparada debe ser bien estudiada, para no incurrir en intolerancias mutuamente enfrentadas.