Opinión

La radicalizada agenda de la movilización estudiantil

PULSO 06/06/2016

La oleada de ocupaciones de establecimientos educacionales y las demandas asociadas revelan que universitarios y secundarios no quieren diálogo, sino solo imponer sus propios términos.

Luego de irrumpir en La Moneda hace dos semanas, las organizaciones que forman parte del llamado movimiento estudiantil ha profundizado una oleada de tomas y paralizaciones -de carácter indefinido- de liceos y facultades universitarias. A diferencia de ciclos anteriores de movilización, esta vez participan activamente alumnos de universidades privadas, cuya elevada matrícula contiene un potencial disruptivo que se debe observar con atención.

A estas alturas no cabe duda que la cúpulas de los estudiantes -compuesta de una variopinta muestra de izquierda extrasistémica, más que extraparlamentaria, y de agrupaciones anarquistas- apunta a crear en la educación un cuadro de ingobernabilidad sistémica, escenario que pretenden trasladar a la calles. Los portavoces de los estudiantes han sido bastante explícitos en esta materia. Aunque no compartida por todos los dirigentes, la amenaza contenida en la tesis de “no los dejaremos gobernar” solo tiene matices tácticos en las protestas. Esto significa, de partida, un desafío al orden público y a la autoridad, como ya se ha notado los últimos días y no solo en Santiago.

La radicalización e ideologización del movimiento respecto de 2011,  así como una administración de signo distinto en La Moneda, ha hecho que esta vez los jóvenes carezcan de la corriente de simpatía y adhesión de la opinión pública de la que disfrutaron hace un lustro; esto, sin embargo, tampoco parece importarles demasiado. Es más, su mensaje no esquiva la polarización: aquí nosotros, los puros, allá una sociedad  alienada. Esto contribuye a explicar además el carácter de sus demandas, las cuales aunque heterogéneas, genéricas y hasta dispersas, sí se ordenan en un eje común: el modelo de una educación abrumadoramente estatista, esquema incluso más propio de un régimen socialista que de una democracia moderna y liberal (por cierto, en los socialismos reales no hubo ni hay asomo de las libertades que los jóvenes hoy exigen). Por lo mismo, el objetivo de la agenda del movimiento estudiantil es condicionar al extremo las reformas -ya de por sí inconvenientes en la mayoría de sus aspectos esenciales- que el Gobierno ha presentado o que introducirá en los próximos meses. El maximalismo del movimiento bloquea toda opción de diálogo racional, a pesar de los llamados de las autoridades y los partidos (el propio presidente del PC ha manifestado su extrañeza por la falta de voluntad de negociación de los alumnos, si bien sus jóvenes diputadas han ofrecido muestras de simpatía con sus ex compañeros) y refleja una voluntad de coacción y amenaza respecto del Ejecutivo y el Congreso impropias de la convivencia democrática.

Obviamente el Gobierno y la Nueva Mayoría no están ajenos a su responsabilidad en la deriva extrema de los estudiantes, por sus promesas improbables de cumplir -de hecho, a los acontecimientos de 2011 se debe buena parte de la victoria de Bachelet en 2013-, pero ha llegado la hora de que separen aguas, restituyan el principio de autoridad y garanticen el derecho a la educación. P