Opinión

Inoportuna solicitud del Sernac a una empresa en huelga

PULSO 14/04/2018

Una huelga legal en una aerolínea provocó que el órgano estatal oficiara a la compañía. Algo al menos llamativo, si se considera que el propio Estado es el que le prohíbe el reemplazo en huelga y fija los servicios mínimos.

POR ESTOS DÍAS, la aerolínea Latam se encuentra haciendo frente a un proceso de huelga legal del sindicato de tripulantes de cabina de Lan Express. La empresa, al no llegar a acuerdo con su contraparte en las solicitudes de parte de sus trabajadores, debió realizar un plan de contingencia que apunta a la reprogramación de vuelos. Sólo el primer día fueron ajustados 170 vuelos. Estos cambios se realizarán hasta el 18 de abril. La paralización se mantendrá al menos hasta el lunes, día en el que se fijó una nueva reunión para acercar posiciones entre sus posturas.

Y en esta vorágine propia de la situación de emergencia para la compañía, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) decidió oficiar a la compañía por la cancelación y reprogramación de vuelos.

El servicio estatal ofició a la aerolínea para que le informe en detalle, en un plazo de 10 días hábiles, los alcances de las medidas preventivas que anunció.

El director (s) Andrés Herrera explicó que, si bien se trata de un conflicto laboral, la empresa debe ser profesional, lo que implica que debe tomar todas las medidas que estén a su alcance para evitar o minimizar los efectos negativos que tendrá esta huelga entre los pasajeros, y recordó que los pasajeros tienen derecho a que se le respete el servicio ofrecido, se reagenden sus vuelos o se devuelva su costo frente a la postergación o cancelación de un viaje.

Si bien su rol es que se respeten los derechos de los consumidores, su oficio resulta al menos insólito. Además de que la empresa había informado oportunamente a los clientes, aunque obviamente ha habido algunos inconvenientes, se debe tener presente que está en una huelga legal y que fue el propio Estado el que promulgó una ley que prohibió el reemplazo en estos procesos. El mismo que ha ido de manera gradual fijando estrictos servicios mínimos. En otras palabras, es el Estado quien impulsó una legislación que no permite el reemplazo y quien determina cuánta gente es el mínimo requerido, y ahora les exige que respondan por el servicio.