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Opinión

Focalizar para avanzar en educación superior

PULSO 26/10/2017

Por Ignacio Sánchez D. En el proyecto de ley de ES la definición de función pública de las universidades sólo se plantea desde la lógica de la propiedad.

Luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de reforma de la educación superior (ES) está en debate en la Comisión de Educación del Senado, proceso que se ha realizado de manera seria, con presentación de los diferentes actores involucrados en la reforma.

Es evidente la necesidad de avanzar en una reforma de la actual ES, para poder lograr sus objetivos de aumento en la calidad, mayor equidad y creación de nuevo conocimiento. Sin embargo, el proyecto aún incluye aspectos que son motivo de gran preocupación, que es preciso modificar y cambiar de manera significativa.

Con el objetivo de avanzar en el proyecto, es necesario focalizar su discusión en los dos aspectos que son prioritarios: una nueva institucionalidad y el aseguramiento de la calidad.

De estas dos columnas se derivará el financiamiento, aspecto crucial que debería analizarse en detalle en una futura ley, una vez que estas columnas estén sosteniendo el sistema. De otra forma va a ser muy difícil poder avanzar en los cambios que el país requiere y demanda. Veamos cuáles son los aspectos centrales a focalizar en esta etapa.

Hemos reiterado que en el actual proyecto, no hay una definición clara del sistema de ES diverso que Chile requiere. La definición de la función pública de las universidades sólo se describe desde la lógica de su propiedad. Las universidades estatales deben ser fortalecidas, sin embargo, este apoyo no puede ser en desmedro del sistema no estatal de universidades de función pública, las que aportan más de la mitad de la investigación, publicaciones, patentes y transferencia de conocimiento al país.

Con el fin de estimular este aporte público, es preciso apoyar la incorporación de nuevas universidades al Consejo de Rectores, con una mejor definición de las condiciones en relación a su calidad y aporte público.

El aspecto más importante es la autonomía de las instituciones, la que depende de una nueva institucionalidad que incluye una subsecretaría, una superintendencia y el Consejo de Calidad. Estas estructuras deberían facilitar el crecimiento y desarrollo de las universidades, y no plantear condiciones que burocratizan el sistema y convierten al Estado en un órgano controlador.

En la propuesta de ley, existe una sobrerregulación por parte del Ministerio de Educación, con un rol desproporcionado de la subsecretaría, que toma a cargo el sistema de admisión, con definición de cupos, valores de aranceles y asignación de matrícula. El rol de esta subsecretaría debería focalizarse en elaborar, coordinar y ejecutar políticas y los programas de educación superior.

Por su parte, es preciso que el nuevo Consejo de Calidad conserve su autonomía y se oriente a mejorar el sistema de acreditación, con un rol de seguimiento, evaluación continua y asistencia a las instituciones.

Existe preocupación por lo que presenta el proyecto en cuanto a las restricciones al desarrollo de las universidades, al complejo rol fiscalizador de la futura agencia y a la conformación y mecanismos de nombramiento de los consejeros de la agencia, lo que puede abrir una puerta a una influencia política en su gestión.

Adicionalmente, la superintendencia debería tener un papel de supervisión en el área de la estabilidad financiera de las instituciones e información a los estudiantes, que evite los excesos que se han presentado. Es importante dotarla de adecuadas atribuciones, lamentablemente en la propuesta actual presenta rigideces que hacen compleja la labor de fomentar la innovación, emprendimiento y la generación de valor a la sociedad.

Otro aspecto que no se puede olvidar en esta discusión, es el apoyo a las universidades regionales, muy en especial las de las zonas extremas del país, instituciones fundamentales para el desarrollo de sus comunidades. Así también, es crucial fomentar la educación técnica y profesional, la que no ha estado en la preocupación central en estos años y que es vital para el desarrollo sostenible del país.

Para avanzar y aportar al desarrollo de nuestra educación superior, se deben abordar primero los aspectos de la institucionalidad y el aseguramiento de la calidad, postergando para una segunda etapa el financiamiento.

El Gobierno y el Senado deberán analizar esta alternativa, considerando que la calidad es lo prioritario, lo que orienta el futuro y que nos permitirá estar en la frontera de la innovación y el cambio en beneficio del país.

*El autor es rector Pontificia Universidad Católica de Chile.