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Opinión

¿Exceso de reclusos o falta de capacidad?

PULSO 16/05/2016

Carlos Cruz. Si el Estado no tiene la capacidad para generar las inversiones necesarias para reducir brechas, es necesario utilizar sistemas alternativos de financiamiento con empresas que sí lo puedan hacer.

La sobrepoblación de las cárceles en algunas regiones en Chile llega al 80%, y si consideramos el porcentaje por recinto, este número se eleva hasta el 200% en algunos lugares. Esta situación atenta de manera seria en contra de las condiciones mínimas de dignidad necesarias para que los privados de libertad puedan optar a una rehabilitación.

Se suma, además, el hecho de que tampoco existe el espacio para separar a quienes están procesados o imputados, de quienes están cumpliendo condena, lo que genera un problema incluso mayor.

Producto de este excesivo hacinamiento, entre otros motivos, el año 2012 se aprobó la ley 20.588, la cual modificaba las condiciones mediante las cuales se podía optar a la libertad condicional, disminuyendo los requisitos. Amparados en dicha ley, durante los últimos días un importante número de reos de distintos recintos penitenciarios del país recibió dicho beneficio y pudo salir en libertad.

Ante esta situación, en la que la infraestructura existente no está preparada para recibir la cantidad de reclusos que el sistema exige, se puede ver que la decisión de mantener a una persona privada de libertad o no, está en algún grado influida por la disponibilidad de espacios.

Para evitar que situaciones de este tipo sigan ocurriendo, la discusión central debe ser el cómo reducir el gran déficit en capacidad física de nuestras cárceles, que es, aunque no debería serlo, uno de los motivos por los que se modifican leyes como la de las libertades condicionales.

La única forma de enfrentar el tema es a través de la construcción y operación de nueva infraestructura carcelaria, que permita contar con los espacios suficientes para una reclusión digna y con posibilidades de rehabilitación para quienes son privados de libertad por parte de la justicia.

Si el Estado no tiene la capacidad para generar las inversiones necesarias para así reducir las enormes brechas existentes, es necesario utilizar sistemas alternativos de financiamiento en que participen empresas que sí cuenten con los recursos para hacerlo. Aunque hay experiencias de asociaciones del tipo público privada en el sector carcelario que han funcionado de buena manera, hay otras que han sido muy cuestionadas.

Sin embargo, cuando hay sistemas utilizados para resolver una necesidad que no funcionan de la manera esperada, la solución no está en dejar de cubrir la necesidad indicada, sino que en mejorar los procesos, de modo que se puedan cumplir los objetivos. De esta forma, se debe buscar entre los distintos mecanismos de Asociación Público Privada (APP), un sistema que permita desarrollar la infraestructura requerida, dando seguridad al Estado de que se utilizarán los recursos de manera eficiente y de acuerdo con las normas que este defina.

De existir la intención por parte del Estado de avanzar en esta dirección y de generarse las inversiones requeridas, será posible avanzar mejorando la condición de reclusión, en un marco de mayor dignidad para quienes han sido privados de libertad, de modo que se les permita aumentar sus posibilidades de rehabilitación, durante el período que la ley establezca según su mérito. 

El autor es secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).