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Opinión

En un peligroso punto de inflexión

PULSO 02/02/2016

Por Álvaro Pezoa B. Resulta fundamental tener clara conciencia que ante la crisis de moralidad que hoy enfrenta Chile no caben las medias tintas.

A estas alturas no es necesario esforzarse para llamar la atención sobre el descalabro moral que a diario vamos conociendo los chilenos, ya sea por los medios de prensa, la acción del Poder Judicial o la declaración de algún personero público. Las explicaciones fluyen al son de los escándalos, pero no alcanzan a ocultar la cruda realidad. Es que sencillamente no las hay suficientemente convincentes. Lo cierto es que Chile corre el riesgo de “sacar patente de país corrupto”. Y eso, desde luego, es extremadamente lesivo para los destinos patrios. En particular, si se considera lo difícil que resulta revertir este tipo de procesos de descomposición ética.

Nuestro país se encuentra ante lo que podríamos denominar un punto de inflexión en materia de probidad o, si se quiere, de ausencia de la misma. Ante los críticos hechos que se viven en este campo caben dos alternativas excluyentes: o se asesta un duro golpe a la corrupción, esta es detenida y se revierte con éxito un proceso de degradación moral en franco desarrollo; o, por el contrario, tras el primer impacto de las noticias y de los procesos judiciales la situación al final “queda en nada” y, consiguientemente, ante la impunidad, se potencia una espiral de inmoralidad cuyos límites son desconocidos, tanto como sabidos son sus posibles nefastos efectos en la marcha política, económica y social del país.

Cualquier alternativa intermedia, es decir, de combate tibio y parcial ante la corrupción en desarrollo solo lograría retardar un poco su desarrollo y los nocivos efectos de la misma. Por ello, resulta fundamental tener clara conciencia que ante la crisis de moralidad que hoy enfrenta Chile no caben las medias tintas. Lo señalado significa que tampoco hay en esta hora de la nación espacio para la autocomplacencia, ni para la relativización de los hechos, ni para la recurrencia romántica a una historia de pretendida honestidad y honradez que habría caracterizado en el pasado a Chile y sus ciudadanos. Tomar cualquiera de esos caminos nos induciría a no enfrentar adecuada y resueltamente el enorme y urgente desafío que el presente nos demanda como sociedad.

Más allá de la noticia y del comentario contingente, resulta crucial abordar los temas de fondo que subyacen a la realidad que nos ocupa. ¿Cuáles son estos? Al menos dos destacan nítidamente por su importancia: por una parte, el de las mejoras institucionales y legales. Por otra, el de la formación ética de la ciudadanía y, especialmente, de quienes acceden al servicio público, a la actividad gubernativa, dirigente y partidista.

El primer tema guarda relación con las normas regulatorias, las instancias contraloras y las leyes positivas; con la efectividad, eficacia -y obviamente la independencia- de los tribunales de justicia; con la calidad, cantidad y oportunidad de la información de que se dispone en todo momento respecto a las relaciones e intercambios entre los distintos poderes del Estado, entre estamentos del mismo y entre el sector público y los particulares; con la transparencia en los procesos de licitaciones públicas; con la estructura de ingresos de los funcionarios del Estado; con la clarificación de compatibilidades e incompatibilidades en el ejercicio de responsabilidades públicas; con el financiamiento de los partidos políticos y las campañas eleccionarias, entre otros. Esta es una asignatura pendiente en Chile, que debe ser abordada con seriedad, altura de miras y visión patriótica. Es decir, pensando en Chile y no en intereses de parte; mirando al futuro y no a los provechos circunstanciales que pueden ser obtenidos en la coyuntura actual.

Podrían asimilarse los avances esperables en esta área al cuidado o mejoría de la salud del cuerpo social. Sin embargo, nada se adelantaría con ellos si no se apunta al mismo tiempo a fortalecer la salud del alma de la sociedad. Y aquí, es evidente, se hace presente con fuerza el segundo tema de fondo: el de la formación de la conciencia ética y de las virtudes morales de la ciudadanía toda y, muy particular y preferentemente, de quienes acceden a tareas directivas y públicas. A nadie puede escapar la comprensión de que la existencia de incentivos y estructuras adecuados ayudan a reducir las “tentaciones” de sacar ventajas ilegítimas del poder o la influencia, pero que en modo alguno las anulan. Y que, en cambio, aun contando con ellos, el mal ético puede campear por sus fueros, pues en último extremo la moralidad de la conducta humana es una realidad que descansa primordialmente en la calidad y solidez interior de las personas y no en las condiciones externas que condicionan su obrar. Es de esperar por el bien de Chile que quienes ocupan posiciones de autoridad sepan afrontar con decisión y sabiduría este problema de múltiples y complejas aristas. Y que no ocurra que, por falta de prudencia o voluntad, en pocos años más debamos lamentar desolados e impotentes la gangrena de la corrupción generalizada. ¡Es el momento de llamar al bien, bien, y al mal, mal! Y de actuar en consecuencia, cada uno según su posición y responsabilidad. Así lo exige el bien de la patria y de ese modo lo juzgará la historia.

*El autor es profesor titular cátedra de Ética y Responsabilidad Empresarial ESE Business School Universidad de los Andes – (apezoa.ese@uandes.cl).

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