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Opinión

El papel post colusión de CMPC

PULSO 26/05/2016

Por Javier Vega. Las empresas privadas enfrentan exigencias mayores. Muchas de ellas deben reportar a superintendencias o son fiscalizadas bajo diversos estándares de medición de acciones.

Casi siete meses han pasado desde que se desató el caso de colusión en el mercado de los productos tissue entre CMPC y SCA. El caso encendió las redes sociales, generó una condena pública a las empresas coludidas, la acción de la Papelera cayó más de 10% en cuatro días y las sospechas sobre el sector privado crecieron como la espuma.

El tiempo fue entregando más elementos de análisis. Fue CMPC quien se había autodenunciado ante la FNE al poco tiempo de detectar internamente el caso, había removido a los ejecutivos involucrados en la colusión y se había puesto a trabajar codo a codo con el organismo fiscalizador para destrabar el complejo mecanismo que engañaba al mercado. Además, a días de estallar públicamente el caso, el presidente de la compañía dio la cara y pidió perdón.

Recientemente, se fortaleció la línea ejecutiva, se reformó el gobierno corporativo de la compañía, lo que incluyó la renuncia de su presidente, la renovación y ampliación del directorio, la incorporación de un representante de las AFP y el recambio generacional de la familia controladora.

Paralelamente, la empresa ha estado trabajando con el Sernac y las asociaciones de consumidores para estimar los montos indemnizatorios y buscar el mecanismo adecuado de reparación del daño.

¿Qué más podría exigírsele a una empresa que detecta un delito de altos ejecutivos? La colusión es un verdadero cáncer para el mercado, cuyo tratamiento debe ser lo suficientemente invasivo para erradicarlo del sistema. Eso es exactamente lo que ha hecho la empresa.

Luego de conocerse el caso de colusión en el mercado tissue, la confianza de la ciudadanía en las empresas de todos los sectores cayó diez puntos (a 45%) según la encuesta Sofofa-Cadem de diciembre, en comparación con la medición de octubre de 2015. Además, en diciembre de 2015 se incluyó en el análisis por industria al sector “papeleras”, registrando un nivel de confianza de solo 29%.

Sin embargo, la última versión de abril de este año revela que la confianza general en las empresas subió levemente cuatro puntos en relación a diciembre, recuperando el nivel alcanzado en junio de 2015.

Por su parte, la confianza en el sector “papeleras” alcanzó al 32%, un alza no estadísticamente significativa aun respecto de la medición previa, pero similar al nivel que logran las grandes empresas privadas (33%), por sobre el Gobierno y los tribunales (25%) y más del doble de la confianza que despierta el Congreso (14%).

Diversas instituciones están cayendo en el descrédito público por delitos cometidos por sus integrantes. En muchos casos, la primera reacción de los representantes de las instituciones cuestionadas ha sido la negación, luego la aceptación a regañadientes y cuando la presión pública ya no da para más, alguna que otra sanción.

Las empresas privadas tienen una exigencia mayor. Muchas deben reportar a una superintendencia o son fiscalizadas bajo parámetros de libre competencia, medioambientales, laborales, tributarios, además de jugarse -como lo hacen las empresas que transan en bolsa- su valor en el mercado día a día.

El caso de CMPC servirá de ejemplo para que los gobiernos corporativos de las empresas sean más eficaces a la hora de detectar conductas reñidas con la libre competencia. Pero con el tiempo, entregará nuevos estándares de cómo deben erradicarse con éxito y determinación las prácticas de colusión.

*El autor es economista.