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Opinión

Castigo tributario a inversión social de empresas

PULSO 31/05/2016

Por Ignacio Larraechea. Este diálogo debe apuntar al común objetivo de incentivar una inversión social efectiva por parte de las empresas.

El paradigma de la sostenibilidad se va plasmando cada vez con mayor fuerza en las grandes compañías. Y esto significa que el propósito de los negocios se está reformulando: de buscar solo la rentabilidad de los accionistas va mutando al objetivo de generar valor con y para los distintos stakeholders de la empresa. Esto explica porqué hoy los directorios están tan preocupados de optimizar la “inversión social” para mejorar la calidad de vida de las comunidades que constituyen su entorno: clientes, vecinos, proveedores y tantos más. Como señala el consultor de empresas y académico de Harvard, Michael Porter, es el objetivo del negocio el que ha cambiado. Sin embargo, el actual marco regulatorio en muchos casos castiga dicha inversión social.

En este nuevo escenario, comienza a aparecer como anacrónico el criterio tradicional de “gasto necesario para producir renta” que maneja el SII para definir el tratamiento tributario de ciertos gastos. Cuando predominaba el concepto filantrópico de RSE, parecía normal que el aporte de una empresa a un proyecto social fuera tratado de igual manera que una donación personal del dueño de la empresa, es decir, “penalizado” con un impuesto único de 35%, impuesto que aumentará a 40% a partir de 2017. En ese contexto, el gasto realizado en beneficio de determinadas comunidades era “paralelo” al negocio. Algo equivalente a que el dueño de la empresa decidiera “donar” una parte de sus utilidades.

Por el contrario, bajo el paradigma de la sostenibilidad, las acciones implementadas en beneficio de la comunidad apuntan al core business. Resulta entonces paradójico, por ejemplo, que el gasto realizado para un spot televisivo promoviendo la marca pueda descontarse de la base imponible mientras que los gastos en los que se incurre para mejorar la calidad de vida de los vecinos a una planta productiva sean sancionados.

Actualmente, las empresas solo pueden beneficiarse en el caso de donaciones efectuadas bajo alguna de las leyes especiales de donación que establecen franquicias o beneficios tributarios para el donante o de algunas normas transitorias. Lo cierto es que, en este marco de excepciones, no siempre las empresas tienen la claridad suficiente respecto de qué gastos serán rechazados, creando una sensación de ambigüedad e incerteza que no es buena para nadie.

Como comunidad de empresas comprometidas con el desarrollo sostenible, en Acción aspiramos a iniciar un diálogo con las autoridades competentes orientado a buscar puntos de acuerdo sobre esta materia, en aras de modernizar la institucionalidad adaptándola a las prácticas de los nuevos paradigmas que rigen los negocios, comprometidos con armonizar el marco normativo vigente con el desarrollo económico y social, así como con la protección del medioambiente.

También es necesario insistir en que, desde la mirada de la sostenibilidad, las empresas no buscan con esto un tratamiento tributario que premie cualquier gasto de manera indiscriminada. Por el contrario, esta conversación debe apuntar al común objetivo de incentivar una inversión social efectiva por parte de las empresas, comprometida con impactos concretos y en el marco de una activa colaboración público-privada que involucre a las empresas, a los organismos del Estado y a las comunidades.

*El autor es gerente general de Acción.