Opinión

Carta al Director: Nueva empresa de intermediación financiera

PULSO 19/02/2018

Antes del receso legislativo, el Gobierno presentó un proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada Intermediación Financiera S.A. La iniciativa, que comenzará a ser discutida en marzo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue introducida producto de un compromiso adquirido en virtud de la Ley de Presupuestos para 2018.

Lo anterior, por cuanto Corfo reactivó una empresa pública denominada Sociedad Agrícola Sacor SpA, la que a través de una capitalización vía glosa presupuestaria ejecuta programas de coberturas de riesgos. Su aprobación no estuvo exenta de críticas, pues dicha empresa, con un giro eminentemente agrícola, no se encontraba en operaciones desde el año 2004 y se había acordado por el SEP y Corfo su disolución, la que fue dejada sin efecto.

Junto con analizar el mérito de la iniciativa legislativa, tanto el Gobierno entrante, como en el propio debate en el Congreso Nacional, se deberá revisar su objeto, que le entrega, entre otras, la facultad de constituir y administrar fondos de cobertura de riesgo que tendrán por objetivo respaldar coberturas otorgadas de conformidad con su objeto social, contraer obligaciones indirectas y comprometer subsidios contingentes. Pero, además, el desafío será examinar la puesta en marcha que la presente administración ha hecho de Sacor y que por el momento está llevando a cabo estas labores. Lo cierto es que se trata de dos empresas públicas, donde aprobada la nueva persona jurídica, la vigente debe cesar en el ejercicio de las funciones encomendadas, pero no sin antes evaluar si dicho mecanismo fue el correcto y relevar la importancia de no crear una empresa estatal si esta no era el mejor vehículo para administrar las garantías.

*Cristina Torres D., abogada Programa Legislativo LyD