Opinión

El camino para el nuevo Sernac

PULSO 06/05/2018

Debido a los evidentes vicios de constitucionalidad señalados por el TC se hace necesario un nuevo pronunciamiento de dicha entidad. No es el momento de usar la creatividad legislativa que tan malos resultados trajo en el pasado reciente.

El controvertido proyecto del Sernac ha instalado la discusión sobre la necesidad de realizar evaluaciones independientes a las políticas públicas que impulsan los gobiernos. La decisión de la Contraloría de negarse a tomar razón del decreto promulgatorio de la nueva ley, porque “contiene normas declaradas inconstitucionales”, abre válidos cuestionamientos al diagnóstico sobre el cual fue construido el proyecto y, principalmente, a su pobre diseño.

La desproporción en que incurrió la administración pasada quedó expresada en un proyecto de ley que adicionó al Sernac facultades exorbitantes. A las que actualmente posee el servicio, como la facultad mediadora y de legitimación activa, la iniciativa legal buscaba agregarle las potestades fiscalizadora, sancionatoria y normativa, entre otras. Además, el proyecto llevaría el presupuesto del Sernac de los actuales $ 11.900 millones a los $ 25.078 millones en régimen, lo que implicaba duplicar la dotación de personal en un contexto de urgente necesidad de austeridad fiscal. De aprobarse el texto que validó el Parlamento, el Sernac quedaría con un presupuesto mucho mayor que la Onemi ($ 14 mil millones) o la Fiscalía Nacional Económica ($ 6,5 mil millones), por dar algunos ejemplos.

Pero lo realmente preocupante es el amplio espacio de discrecionalidad que el proyecto le entrega a un servicio cuya autoridad es unipersonal y que, dado su complejo sistema de remoción, en la práctica lo hace inamovible. Todo lo anterior configura un poder peligroso que, de recaer en malas manos, podría haberse usado con fines distintos a la legítima defensa de los derechos de los consumidores sin ningún tipo de contrapeso.

El gobierno ahora tiene que decidir el camino a seguir. Debido a los evidentes vicios de constitucionalidad señalados por el Tribunal Constitucional -y soslayados por el expresidente de la Cámara de Diputados- se hace necesario un nuevo pronunciamiento del TC para zanjar definitivamente el destino de este proyecto. No es el momento de usar la creatividad legislativa que tan malos resultados trajo en el pasado reciente.