Sebastian Abogabir

Opinión

Auto denuncia en el Código de Aguas

PULSO 10/11/2017

Por Sebastián Abogabir. Su objetivo es incorporar a los modelos clásicos de fiscalización, donde es el Estado el llamado a detectar y a sancionar las infracciones cometidas por los regulados, esquemas de cooperación donde el infractor tiene un incentivo concreto.

Recientemente el Congreso aprobó el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas en materia de fiscalización y de sanciones (boletín N° 8.149-09). Si bien esta reforma ha pasado más desapercibida en comparación con el debate generado por el otro proyecto de ley que modifica el Código de Aguas (boletín N° 7.543-12), no por ello deja de tener elementos interesantes de analizar, como el aumento significativo en las multas que puede imponer la Dirección General de Aguas (DGA), sus nuevas facultades de fiscalización y la intensificación de la exigencia de contar con dispositivos de medición de caudales, entre otros.

Dicho lo anterior, nos detendremos en una nueva institución que introduce esta ley a nuestra normativa de aguas: la auto denuncia. El nuevo artículo 173 bis del Código de Aguas establecerá que el infractor que se auto denuncie ante la DGA, se verá beneficiado con la rebaja en un 50% de la multa que le correspondería pagar en función de la infracción cometida. Cumplidos los requisitos de la auto denuncia -proporcionar información precisa, verídica y comprobable sobre los hechos constitutivos de infracción y poner fin de inmediato a la misma-, la aplicación de dicha rebaja es obligatoria para la DGA, aplica ante cualquier contravención al Código de Aguas y no se contempla un límite de auto denuncias por titular.

Esta nueva institución sigue la tendencia de los instrumentos de incentivo al cumplimiento que ya existe en otras áreas del derecho, como la libre competencia y en materia ambiental, esta última a partir de la dictación de la Ley 20.417 en el año 2010. Su objetivo es incorporar a los modelos clásicos de fiscalización, donde es el Estado el llamado a detectar y a sancionar las infracciones cometidas por los regulados, esquemas de cooperación donde el infractor, en vez de tener la tentación de ocultar la situación, tiene un incentivo concreto para concurrir ante la autoridad a reconocer su infracción. Lo anterior, es propio de los sistemas modernos de fiscalización al estar orientado a una mejor y más oportuna detección de las infracciones.

A nuestro juicio esto representa un avance, puesto que genera un espacio de colaboración entre la autoridad y el regulado, y por esa vía lograr de manera más oportuna el objetivo último de la fiscalización en materia de aguas, el que no es la imposición de multas (aunque estas sean relevantes desde una óptica disuasiva), sino restablecer en el más breve plazo el cumplimiento de las normas infringidas, velando por la protección de los cauces y acuíferos y la protección de los derechos de los demás usuarios.

A la luz de la experiencia reciente en materia ambiental, donde la presentación de auto denuncias y de programas de cumplimiento ha sido relevante, será interesante ver la aplicación práctica de esta nueva institución en materia de aguas.

*El autor es socio de Guerrero Olivos.