Paula Gallardo
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Actualidad
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18/06
Abogada, Centro de Derecho Ambiental U. de Chile.
1. ¿Como parte de la delegación de Río+20, ¿Cuál es el rol que le toca a Chile en la cita?
Chile en este minuto está en situación de liderazgo en América Latina y se está pensando en impulsar un acuerdo regional de participación ciudadana y la firma de un convenio regional.
2. ¿Podría haber avances importantes?
La Cumbre de Johannesburgo fue vista como estancamiento de Río 1992. Estamos en un contexto en que los objetivos no se han cumplido y las propuestas van en sentido de reforzar las instituciones, mayor financiamiento y hasta cosas extremas, como una Organización Mundial de Medio Ambiente.
3. ¿Podría ratificar su compromiso con el 20% de ERNC?
Son foros distintos, aunque tienen mucho que ver, porque hablar de economía verde tiene que ver con limpiar la matriz energética. Ahora, Chile no va a adquirir un compromiso en esa materia en este foro, eso le corresponde en el marco de las negociaciones de Cambio Climático.
© EFEUn década después de la Cumbre de Johannesburgo, que fue calificada por ambientalistas y expertos como un estancamiento en el avance de políticas para el crecimiento sustentable de las economías mundiales, Rio+20, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, entre el 20 y 22 de junio, constituye la posibilidad para reactivar los compromisos políticos respecto del avance en la denominada "economía verde" y la institucionalidad medioambiental.
Es que la cita en tierras brasileñas se iniciará en un contexto de fuerte cuestionamiento no sólo a los escasos avances desde 2002, sino también a la falta de articulación institucional para el desarrollo sustentable, en particular al rol que juegan el Programa de Medio Ambiente y la Comisión de Desarrollo Sustentable del Consejo Económico y Social, ambos de Naciones Unidas.
Además, la reunión en Río dará espacio para las críticas particulares de países como Argentina, que llega con un discurso contrario a la política europea de restringir importaciones latinoamericanas esbozando barreras vinculadas con el cumplimiento medioambiental.
Por parte de Chile -y tal como se expuso en la reunión preparatoria de diciembre de 2011 en Nueva York-, la postura base es impulsar la ratificación de los compromisos, pero sin olvidar que las preocupaciones ambientales "requieren un cierto grado de flexibilidad y la consideración de los distintos niveles de desarrollo económico, social y ambiental de cada país", cita el texto presentado en esa ocasión.
Así, a lo largo de 8 puntos que fueron presentados ante la comisión de Medio Ambiente del Senado, la delegación chilena -que será encabezada por el presidente Piñera quien vendrá de asistir a la Cumbre del G20 en México- planteará su propia declaración a la que espera se sumen otros países y le saca lustre a los impuestos verdes que forman parte de la reforma tributaria en debate en la Cámara de Diputados.
PESCA SUSTENTABLE Y JUSTICIA AMBIENTAL
En su declaración, Chile ratifica su compromiso con las principales convenciones y tratados ambientales internacionales vigentes, pero aborda las brechas en la implementación de los compromisos adquiridos en la primera Cumbre de la Tierra, en 1992, también en Río de Janeiro y que dio el puntapié inicial al debate sobre desarrollo sustentable.
Bajo esa lógica, el planteamiento chileno sostiene que persisten zonas en extrema pobreza en varios puntos del planeta y el deterioro de la mayoría de los indicadores ambientales, en particular la pérdida de biodiversidad y alteraciones de patrones climáticos.
En ese sentido, el documento grafica las oportunidades que existen para la denominada "economía verde", asociada a industrias y servicios ambientales, además de la responsabilidad empresarial, y aborda el concepto de impuestos verdes como un instrumento válido para avanzar en la materia.
Esto, aludiendo al debate actual en el Congreso y que instala gravámenes en productos como neumáticos, envases, baterías y pilas, entre otros, recursos que apuntan a crear un fondo de promoción al reciclaje, y que ha generado un fuerte debate en el entorno doméstico, particularmente desde el punto de vista del traspaso de costos al consumidor.
Respecto de la relación con los vecinos, el documento chileno promueve el multilateralismo para resolver problemas de sustentabilidad globales, mediante la celebración de convenios regionales, aunque también abogando por el fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo sustentable y el medio ambiente, con información y participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental.
Una mención aparte se vincula a la protección de ecosistemas de montaña a través de la Alianza para las montañas y el resguardo de los recursos hídricos, así como también la férrea defensa a una protección reforzada de los océanos, incluyendo las zonas costeras, con la disminución de la contaminación, la promoción de una industria pesquera sustentable, la eliminación de la pesca ilegal y de prácticas nocivas, así como la creación de áreas marinas protegidas.
¿PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Más allá de la declaración en sí misma, la participación ciudadana en la elaboración de los planteamientos de Chile no está estado exenta de polémica, tal como no lo estuvo la postura que llevó la delegación nacional a Johannesburgo, esa vez encabezada por la entonces canciller, Soledad Alvear.
Varias organizaciones ambientalistas acusaron de ilegítimo el documento del gobierno denunciando que la recolección de opiniones se efectuó un proceso poco transparente y con nula participación ciudadana. Esta acusación fue refutada por el Ministerio de Medio Ambiente, sobre la base de las minutas de las cuatro reuniones de trabajo realizadas entre 2011 y 2012 para la elaboración de las conclusiones.
No van por el mismo carril, pero por cierto que tienen como objetivo común el crecimiento sustentable del país.
Se trata del compromiso concretado por Chile en 2009 en la Cumbre de Copenhague o Conferencia de las Partes (COP 15) por la administración Bachelet y ratificada en 2010 por el presidente Piñera, de lograr hacia 2020, que al menos el 20% de la matriz eléctrica chilena se origine en fuentes de energías renovables no convencionales.
Y si bien dicho compromiso no es exigible para Río+20, se trata de un gran pendiente de esta administración, toda vez que se encuentra vigente la Ley 20.257, que establece una meta bastante menos ambiciosa: que el 10% de la matriz sea con fuentes limpias hacia 2024.
Por ahora, sólo una moción parlamentaria se hace cargo del 2020 en tercer trámite, sin urgencia ni respaldo del Ejecutivo.
Los inversionistas que siguieron los consejos de los hedge funds no superaron al mercado.
Por D. Schäfer y M. Johnson. Los grandes bancos han vendido sus unidades de gestión de activos o las están fusionando con sus operaciones de banca privada para mejorar los retornos.
Este escándalo es un ejemplo de la firmeza de China hacia los cuerpos internacionales y su disposición a desafiar las prescripciones económicas liberales.
Por Gillian Tett. Hoy las empresas están gastando grandes sumas de dinero en monitorear a los comumidores, pero no sólo en sus hábitos de consumo, sino que también sus micro finanzas.
La preocupación no debiera ser que caiga en malas prácticas populistas, sino que la estabilidad de su economía se vuelva demasiado rígida para responder a las necesidades.
Francia también tendría un rol central en el futuro acuerdo, que llegaría a más de US$20.000 millones.
El jefe de operaciones de la firma de Silicon Valley, Brian Krzanich, sucederá a Paul Otellini en la reunión anual de este mes.
Por Jude Webber. El próximo presidente no solo tendrá que enfrentar las crecientes demandas sociales y una potencial reforma tributaria, sino también tendrá que reconstruir la fe en las cifras de Chile.
Enrique Elgueta
EFE
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