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Actualidad & Política

UDI acusa "caja negra de información" en asesores de 2do piso y pide aclarar atribuciones

Natalia Olivares 14/01/2016

Una minuta elaborada por el partido recalca que dichos funcionarios no están regulados por la Ley del Lobby, ni son sujetos pasivos de la normativa. Asimismo, que tampoco tienen el deber de rendir cuentas o presentar Declaración de Patrimonio.

La contenida renuncia del ministro de Interior Jorge Burgos los últimos días del 2015 y la crisis que desató en la interna del oficialismo, fueron el punto de partida para un análisis de parte de la UDI respecto al equilibrio de poderes en el Ejecutivo frente a la Presidenta Michelle Bachelet.

¿Qué sacaron en limpio?

Una minuta de 12 páginas elaborada por la bancada UDI y un oficio de parte de la Fundación Jaime Guzmán, donde desmenuzan los poderes y atribuciones del círculo de la mandataria y la falta de control sobre sus pasos, personalizado también en la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte.

Según detalla el texto, en el diseño actual del Gobierno la figura del jefe de gabinete presidencial “no tiene un nombramiento formal”, por lo que “no tiene responsabilidades formalizadas ni tampoco un estatuto de regulaciones, deberes y derechos”, así como imcompatibilidades y prohibiciones.

De hecho Uriarte, quien es hoy, junto a la jefa de prensa Haydeé Rojas, una de las que más influencia y cercanía tienen con Bachelet, está bajo régimen de honorarios y con un sueldo que supera los $7 millones. 

Esto se contrapone a otras jefaturas de gabinete en ministerios como Hacienda o RREE, que tienen rango de funcionarios de planta “de exclusiva confianza, grado 2 EUS, con responsabilidades determinadas, con nombramiento específico, con responsabilidad administrativa e incluso con firma permanente, sujeto a fianza para el ejercicio del cargo”.

Sin ir más lejos, la función de Uriarte se desglosa como “directora, jefa de gabinete presidencial, en el marco de apoyo de actividades presidenciales”, y como ella, son más de 120 los funcionarios (profesionales, analistas o asesores) que trabajan bajo la misma tipificación: “Programa de apoyo en actividades presidenciales”.

De ahí el hincapié que hacen desde la UDI. Señalan que dichos funcionarios no están regulados por la Ley del Lobby ni son sujetos pasivos de ella. Tampoco están obligados a rendir cuentas o presentar una Declaración de Patrimonio e Intereses.

“El segundo piso de La Moneda y los asesores de Presidencia son una verdadera caja negra de información opaca y poco transparente ante la ciudadanía, y que concentra un poder inusitado que supera al de los propios ministros y que puede influir decisivamente en la gestión completa de un Gobierno al controlar la agenda de la Presidenta”, dice el texto.

No es el único curso de acción de la UDI. Los diputados Jaime Bellolio y Felipe Ward enviaron un oficio dirigido a Presidencia buscando aclarar los funcionarios que trabajan bajo el alero de Uriarte, sus antecedentes curriculares, los trabajos que han realizado en sus cargos y las evaluaciones propias de desempeño de su equipo.

“En algún momento empieza a desdibujarse el rol de asesor del Presidente y empieza a transformarse en un gabinete en las sombras”, profundiza Bellolio, y añade: “No porque sean asesores de la Presidenta no tienen que estar sujetos al mismo estándar de transparencia y probidad que el resto de las personas”.

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