Internacional

Reforma fiscal y laboral: las prioridades que debe considerar el gobierno Temer

Francisca Guerrero 13/05/2016

Una reforma a las pensiones se cuenta entre las primeras medidas para atender la peor crisis económica de Brasil en décadas. Aunque al mercado le gusta el tono del nuevo gobierno, hay preocupaciones por el respaldo del Congreso y la población.

La debacle económica de Brasil podría estar a punto de dar un giro, pero los riesgos aún no se han disipado del todo. El gobierno del presidente interino, Michel Temer, prometió cambios significativos para sacar al gigante sudamericano de la mayor crisis en casi un siglo, aunque las dudas surgen respecto al apoyo que recibirá de un Congreso dividido y de una población inquieta tras la suspensión de Dilma Rousseff. 

Las señales para enmendar el rumbo no se hicieron esperar. En su primer discurso al mando de la nación, Temer dijo que hará frente a los desafíos para asegurar la reanudación del crecimiento. Para impulsar este último hizo referencia a reformas (entre ellas la laboral), aumentar la confianza tanto dentro como fuera del país; incentivar la inversión privada; estudios para eliminar cargos comisionados y funciones gratificadas en el Estado, entre otros asuntos.

Más temprano, el recién nombrado ministro de Casa Civil, Eliseu Padilha, dijo que se buscará aprobar una reforma a las pensiones para reducir la enorme carga de la deuda pública y recuperar la confianza de los inversionistas. 

“No esperen que el lunes tengamos 40 medidas, pero vamos a tener cambios sustanciales en las primeras dos semanas, principalmente en el área de manejo económico, como reorganización del presupuesto”, dijo a PULSO el analista de Arko Advice, Thiago de Aragao.

Los lineamientos del nuevo gobierno y su equipo económico, liderado por el nuevo ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, coinciden con las urgencias a las que apuntan los analistas. “Las políticas económicas de Temer pueden leerse como una lista de deseos de un inversionista. El número de ministerios se redujo. La política fiscal se hará más estricta. Se va a reformar el sistema de pensiones. Participaciones en empresas públicas serán vendidas al sector privado”, señaló en una nota a sus clientes Neil Shearing, economista de Capital Economics. 

Por su parte, Enestor Dos Santos, economista de BBVA para Brasil, indicó a PULSO que “el primer objetivo del gobierno debiese ser encontrar una solución para la crisis fiscal”, agregando que para ello “es fundamental la implementación de medidas que detengan el aumento de los gastos públicos, lo que en la práctica requeriría una reforma del sistema de seguridad social y a la rigidez de los gastos públicos”.

Su opinión es compartida por Joao Ribeiro, economista de Nomura para Brasil, que también apunta al asunto fiscal como una prioridad, al tiempo que fija cuáles debiesen ser los objetivos a largo plazo. 

“Con miras al crecimiento se deben buscar tres cosas. Incrementar la confianza empresarial y de consumidores, que han permanecido bajas por un largo tiempo; rebajar el riesgo de la deuda soberana, lo que se puede conseguir si avanza la reforma fiscal; y permitir que baje la tasa de interés”. 

Dos Santos agrega otros dos puntos a la lista de pendientes en materia económica. “La inflación sigue muy elevada y el banco central ha perdido reputación. Además, hay toda una agenda perdida del aumento de la productividad del país que se debiese retomar, incluyendo la mejora de la infraestructura y la atracción del capital extranjero”. 

Y aunque las expectativas son altas, con un mandatario percibido como más amigable con los mercados, los riesgos siguen pesando sobre Brasil.

“Las investigaciones por corrupción son un riesgo en curso. Este gobierno ya carga una pesada mochila, lo cual restringe lo que se puede hacerse y, a su vez, las perspectivas”, indica Ribeiro, mientras que Dos Santos destaca que “no está claro que el Congreso apoyará las medidas adoptadas por el gobierno, y también se desconoce el respaldo que recibirá de la población”. 

Así, Samar Maziad, analista senior de Moody’s, dijo en un comunicado que la destitución de Rousseff “no cambia la opinión sobre las perspectivas de crédito y el entorno actual sigue siendo consistente con la calificación de Ba2 (para Brasil) y con una perspectiva negativa”.