Internacional

La nueva fórmula de financiamiento de la política

Jorge Arellano 15/01/2016

El proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia está ad portas de convertirse en ley. La iniciativa, que establece la prohibición de los aportes de las empresas, tiene otros elementos que buscan cambiar la manera en que se enfrentan las campañas.

El martes que viene la sala del Senado votaría los artículos pendientes del proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia, conocido también como Ley de Financiamiento de la Política, para que avance a su tercer trámite y con ello, quede listo para su despacho total desde el Congreso.

La iniciativa legal, que forma parte de los proyectos prioritarios del Ejecutivo para el fin de este año legislativo el 31 de enero, quizá es la más emblemática de la agenda de probidad impulsada por el Gobierno, luego de que se hicieran públicos los casos de irregularidades en la relación entre la política y el dinero.

El proyecto, que tuvo una larga tramitación en distintas instancias del Congreso, establece entre muchos otros aspectos la prohibición del aporte de las empresas a la política, lo que marca un gran hito en la historia electoral del país.

Además, impone una serie de limitaciones para los aportes de personas naturales, determina el apoyo de recursos del Estado, y establece también nuevas limitaciones para los gastos electorales.

Lo anterior, en el marco de una reinscripción de militantes de partidos políticos que deberán cumplir nuevas exigencias para recibir los aportes del erario público.

El proyecto contempla, incluso, nuevas barreras para realizar propaganda electoral, donde hasta se establece la eliminación de gigantografías en lugares privados.

En el caso de los procesos presidenciales, dota de un período de precampaña para realizar gastos electorales. 

A su vez, el Servicio Electoral (Servel) contará con una serie de nuevas atribuciones en el plano de la fiscalización fundamentalmente. Para esto, se incrementará la planta funcionaria y se establece la posibilidad de contratar personal a honorarios en períodos de elecciones.

También se contempla una serie de castigos a los denominados delitos electorales, que incluso pueden llegar a la pérdida del escaño.

Para lo anterior, la comisión de Constitución revisará la próxima semana algunas objeciones que se establecieron para los delitos penales por violación a los límites electorales.

Algunos de los puntos que revisará la instancia legislativa, probablemente el lunes, dice relación con el cómo se configura el tipo penal para estas irregularidades. Con esto, estaría en condiciones de ser votado en la sala de la Cámara Alta.

Se espera que en las próximas elecciones municipales que se desarrollarán en octubre, se observen gran parte de los cambios  quela ley busca introducir para aumentar la transparencia y probidad del sistema político.


Nuevas atribuciones del Servel

La iniciativa legal que busca transparentarl el financiamiento de la política entrega una serie de nuevas funciones al Servicio Electoral (Servel), que finalmente será el organismo encargado de velar y fiscalizar porque se cumplan las nuevas disposiciones contenidas en la iniciativa que está a punto de convertirse en ley.

El director del organismo tendrá una serie de atribuciones y durará cinco años en el cargo con posibilidad de renovar por dos períodos consecutivos. Además, el proyecto entrega una serie de funciones a los subdirectores del organismo, entre otros.

Para poder realizar las nuevas funciones que se le otorga al Servel, el proyecto contempla una serie de normas relativas a la nueva orgánica que tendrá el Servicio Electoral y a los cargos que se crean para poder cumplir las nuevas funciones.

Se dispone de la entrega de una asignación electoral para el personal de planta y contrata del Servel, que tendrá un componente fijo y uno proporcional y que ascenderá a los $100.000 mensuales en régimen.

El nuevo Servel ahora deberá fiscalizar las normas de límite y control de gasto, ver avisaje y publicidad, fiscalizar campañas y propaganda electoral, además de recibir denuncias. Para esto aumentará su planta funcionaria en un 30%.

El proyecto también cuenta con una norma transitoria que permite que en años electorales se contrate a personal a honorarios con cargo a la Ley de Presupuestos.

Cabe recordar que el Servel también tendrá como misión hacerse cargo del refichaje de los militantes ya existentes. Esta norma se establece para que haya una paridad entre las distintas colectividades que ahora recibirán aportes desde el Estado.


La propaganda electoral

Este proyecto define ciertas normativas respecto de la propaganda electoral, que luego resultan fundamentales para los recursos que se podrán utilizar en las campañas, más aún cuando el Estado entregará recursos. Además, serán parte de las fiscalizaciones que realizará el Servel.

De esta manera, se entenderá desde ahora en adelante como propaganda todo evento o manifestación pública, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o en formación con fines electorales.

Además, se regula la propaganda en medios de comunicación, señalando que ellos no podrán discriminar en el cobro de las tarifas entre candidatos. La propaganda sólo podrá ser contratada por el candidato, el partido político, o los administradores electorales.

Asimismo, la propaganda podrá realizarse en plazas, parques u espacios públicos, pero que sólo sean autorizados por el Servel.

También se establece que la propaganda que se localice en espacios privados deberá ser declarada como gasto. Desde algunos sectores se plantea que esta situación puede ser inconstitucional, por lo que no han descartado ir al TC.

A su vez, la nueva legislación aprobó fijar que el tamaño de las piezas de propaganda que se instalen en lugares privados no podrá superar los dos metros cuadrados, es decir, desaparecen la denominadas gigantografías.

El proyecto, que está a punto de ser despachado, también permite que los municipios retiren la propaganda ilegal.

En tanto, se aprobaron normas que adecúan la ley de primarias a estas disposiciones.

Cabe recordar que también existirá toda una regulación de los brigadistas (ver última columna), las sedes y los vehículos que se utilicen para hacer campaña.


Aportes de personas naturales y el Estado

El proyecto contempla que el aporte máximo en dinero que cada persona natural podrá efectuar a los partidos políticos, no estando afiliada, no podrá exceder de 300 UF al año, y de estar afiliado a ellos los montos no podrán ser superiores a 500 UF anuales.

Asimismo, el Servel aportará trimestralmente a los partidos para su funcionamiento. El aporte total a repartir cada año será el equivalente a 0,04 UF multiplicadas por el número de votos en la última elección de diputados, includo independientes. Además, el proyecto apunta a que el 20% del monto trimestral a repartir se distribuirá entre todos los partidos que cumplan con los requisitos, de manera proporcional al número de regiones en las que estén constituidos. El 80% restante se distribuirá sólo a las tiendas con representación parlamentaria. En esta línea, si un parlamentario elegido como afiliado a un partido que luego se disuelve, o uno elegido como independiente, se afilia a uno, este último podrá acceder al financiamiento. Además, si un parlamentario electo se desafiliara del partido, se le restará a la colectividad del total del aporte el equivalente al 50% de los votos válidamente emitidos a favor de dicho legislador. A su vez, si un parlamentario electo como afiliado se desafiliara y se afiliara a otro, este último no aumentará el aporte que le correspondería.

Una vez pagadas la multas por el partido o aprobadas sus cuentas, el Servel procederá a la cancelación de los montos que fueron retenidos. Los montos podrán retenerse por tres trimestres. Asimismo, para la colectividad que no justifica sus gastos el Servel deberá fijar un plazo, tras lo cual el partido deberá restituir los fondos asignados.

Por últimpo, los partidos que reciban aportes deberán contratar auditorías externas. Dichas contrataciones sólo podrán celebrarse con empresas que consten en los registros de la SVS.


Los gastos electorales

La Ley de Financiamiento establece como gasto electoral todo desembolso o contribución avaluable en dinero, efectuado por el candidato, un partido político o un tercero a su favor.

Entre otros temas los gastos menores deberán ser declarados detalladamente; no se podrán recibir aportes desde el extranjero; el Servicio Electoral será el encargado de recibir los aportes reservados, los que no podrán superar las 120 UF (tres millones de pesos aproximadamente), para luego entregárselos al candidato; se establecieron los aportes máximos de los propios candidatos y se estipuló que las contribuciones sólo podrán ser realizadas por mayores de 18 años.

El proyecto establece que el trabajo de voluntarios será valorizado.

Asimismo, se determina que las candidaturas presidenciales tengan 200 días para poder recibir aportes, mientras otros cargos, como senadores o diputados, tendrán los 90 días que estipula la actual legislación.

El proyecto apunta a los porcentajes diferenciados de los aportes máximos a las diferentes candidaturas de elección popular.

También dispone que los aportes personales que los mismos candidatos efectúen en sus propias campañas no podrán ser superiores al 25% del gasto electoral. En el caso de las candidaturas presidenciales, dichos montos no podrán ser superiores al 20% del gasto electoral permitido y para los postulantes a concejales no se podrá sobrepasar las 50 UF.

En tanto, los aportes anónimos que una persona realice, no podrán ser, en total, superiores a 120 UF para un mismo tipo de elección.

A su vez, los consejeros del Servicio electoral y sus funcionarios directivos, y personas naturales que tengan nacionalidad extranjera y residencia en el extranjero, no podrán efectuar aportes a candidato alguno o partido político.

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