Internacional

Gratuidad universal: promesa en vilo tras nueva postergación del 21 de mayo

Ú. Schüler / G. Piérola 23/05/2016

Presidenta anunció que la gratuidad abarcará sólo hasta los estudiantes del 60% más vulnerable en 2018 y que "la ley fijará los mecanismos para avanzar en cubrir los deciles restantes".

El compromiso de la gratuidad universal del programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet quedó nuevamente en suspenso tras su cuenta pública frente al Congreso, después de que postergó la meta de cubrir a los estudiantes del 70% más vulnerable.

“Avanzaremos gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará seis años”, dice el programa de la Nueva Mayoría, donde el bloque especificó que durante esta administración “accederán a la gratuidad al menos los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población”.

El documento detalla también que la gratuidad “podrá ser ejercida en toda institución de educación superior” que cumpla con: estar acreditada, acatar las normas que no permiten el lucro, estar incorporada a las nuevas normas sobre acceso de equidad, desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el Mineduc.

Pese a esto, la Presidenta sostuvo el sábado que en 2018 “habremos ampliado la gratuidad hasta el 6° decil -o sea, hasta el 60% más vulnerable- y luego la ley fijará los mecanismos para avanzar en cubrir los deciles restantes”, o sea, hasta la gratuidad universal.

Y si bien el oficialismo nunca se comprometió a la gratuidad universal durante este Gobierno, el programa sí anunció avances graduales hasta la cobertura universal para las instituciones que cumplieran con los requisitos en seis años.

Sin embargo, y sorprendiendo incluso a parlamentarios oficialistas, en su cuenta pública la jefa de Estado postergó el compromiso programático. Estableció que en 2018 en vez de al 70%, la gratuidad llegaría a los estudiantes que pertenecen al 60% más vulnerable. Y el 100%, o sea, la gratuidad universal, quedó sin fecha, pese a que en el programa se planteó un proceso de seis años, o sea, para 2020.

En este contexto, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, advirtió que “por cierto que las limitantes presupuestarias generan una restricción en cuanto a que la gradualidad de la gratuidad debiera ser más lenta, pero eso no debiera  poner en duda el objetivo final, que debe estar establecido en el proyecto de ley de la reforma a la educación superior en sus artículos permanentes, que es que debiese haber gratuidad universal”.

El parlamentario explicó a PULSO que “lo que se ha comprometido es que en el proyecto de ley de la reforma a la educación superior va a fijar con claridad que en los artículos permanentes, cuando se termine la transición, esto va a ser gratuidad universal”.

Por su parte, el diputado UDI integrante de la comisión de Educación de la Cámara, Jaime Bellolio, planteó que “el Gobierno sabe que no puede cumplir, y tampoco quiere hacerlo porque sería injusto y regresivo”. El parlamentario apuntó a que la medida se focalice en “los estudiantes más vulnerables” y no en “los más ricos”.

En tanto, Jorge Barrera, uno de los abogados que preparó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de los requisitos de la glosa de la gratuidad 2016, sostuvo que “la gratuidad universal no es posible sin discriminar arbitrariamente a los estudiantes”, ya que tendrían que incorporar a instituciones estatales con menores años de acreditación que otras privadas, como las nuevas Universidad estatales de Aysén y O’Higgins, más los nuevos centros de formación técnica estatales.

El senador RN, Andrés Allamand, acusó el compromiso programático postergado y aseguró que “no se va a superar el 15% o el 20% (de cobertura), porque el Gobierno va intentar que se cumpla ese 70% en las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), pero no en el total de las instituciones”.

En tanto, la presidenta de la FECh y vocera Confech, Camila Rojas, afirmó que “el compromiso de la gratuidad universal debería ser efectivo” y frente al suspenso de sus plazos por la desaceleración económica, planteó que “es importante redestinar recursos que están yendo al mercado, hacia la educación pública y la gratuidad”.

En este contexto y en la antesala del envío de la reforma a la educación superior al Congreso, la Confech se reunió ayer y el jueves se reunirá el Cruch. Los universitarios decidieron adherir a la marcha de los estudiantes secundarios del próximo jueves 26 y fijaron un Confech extraordinario para el próximo fin de semana.