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Internacional

Día clave a un año del Caso Caval: Compagnon y otros 12 involucrados son formalizados

Natalia Olivares 29/01/2016

Pese a los intentos de La Moneda de contener los coletazos del caso en 2015, la audiencia de hoy vaticina un largo camino en la investigación que, además de profundizar su arista política, pone los ojos en Palacio para que emita un pronunciamiento.

Más de 65 archivadores y 100 declaraciones son  el resultado que, hasta ahora, deja para el Fiscal Luis Toledo casi un año de investigación por el Caso Caval, y las diversas aristas que han surgido mientras más datos salen a la luz pública.

De hecho, el próximo sábado se cumplirá un año desde que la revista Qué Pasa entregó los primeros antecedentes del criticado negocio en que participó la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y los eventuales delitos que se habrían cometido en el marco de la compra y venta de tres terrenos que la empresa Caval realizó en Machalí.

Junto con ello, el rol del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, fue cuestionado por su participación en una reunión con Andrónico Luksic donde Caval logró un millonario crédito por $6.500 millones para adjudicarse estos predios. A él también se le apunta por presuntamente haber tratado de ejercer tráfico de influencias para permitir un rápido cambio del plan regulador de la zona.

Dávalos debió renunciar a su cargo como director sociocultural de La Moneda, lo que asestó un duro golpe para el Gobierno, y que hasta hoy lo complica.

Compagnon y otros 12 involucrados en el caso -además de la empresa Caval como persona jurídica-, serán formalizados hoy en Rancagua por ilícitos entre los que se encuentran soborno, cohecho, apropiación indebida, prevaricación, estafa, ventajas indebidas, y varios otros delitos tributarios.

La jornada es seguida con atención desde el Ejecutivo, sobre todo cuando está el riesgo de que la nuera de Bachelet pueda incluso quedar con prisión preventiva.

Pese a los intentos de La Moneda por contener los costos del caso, los querellantes ponen sus cartas en pedir altas medidas cautelares, como la presión preventiva para quienes estén querellados por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre los que se cuenta la propia Compagnon.

Y van más allá. En el caso de la nuera de la Presidenta se buscará instalar que emitió declaraciones tributarias falsas, más la agravante que es una conducta reiterada, lo que a juicio de los abogados tiene pena de cárcel que parte en los tres años. 

¿El argumento para pedir esta clase de sanciones pese a que será formalizada por delitos tributarios?

Según asegura Mario Zumelzu, querellante (ligado a la UDI), porque todas las aristas del caso, incluyendo la tributaria, están bajo un Rol Único de Causa.

Así las cosas, la presión sobre La Moneda no disminuye. Y si bien en un primer momento la Presidenta Bachelet señaló haberse “enterado de la noticia por la prensa” y desde Palacio se apuraron en señalar que el conflicto se trataba de un asunto entre particulares, no hubo contención posible y los coletazos aún se mantienen en La Moneda.

Muestra de ello es que en las últimas semanas fueron los propios Dávalos y Compagnon quienes, tras filtraciones de sus respectivas declaraciones, apuntaron al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y la G-90 como responsables de “levantar” el episodio para así tapar posibles aristas del Caso SQM.

De hecho, Dávalos justificó el hecho de borrar su computador a horas de dejar su cargo, asegurando que no quiso exponerse “a que fuera manipulado (…) pues tenía el temor fundado de que así podía ocurrir”.

El problema Caval no encontró contención durante todo el 2015, ya que con el transcurso de la investigación el caso demostró ser mucho más amplio. Una serie de facturas adulteradas que se presentaron e incorporaron en la contabilidad de la empresa y la posible evasión de impuestos abrieron la arista tributaria que llevará a la formalización de hoy en Rancagua.

Además, Mauricio Valero, socio de Compagnon y dueño del 50% de Caval, habría actuado de intermediario entre la empresa Saydex y el entonces director del Servicio de Salud Central Metropolitano, Nibaldo Mora, en una licitación para la dotación de servicios informáticos en los hospitales de Maipú, San Borja Arriarán y Posta Central. Por la gestión, Caval habría recibido $170 millones. Por esto hoy se le imputa cohecho a Valero.

También se diversificó la arista política. Juan Díaz, gestor inmobiliario y ex militante UDI, le habría pedido a Cristián Riquelme, administrador de La Moneda, su intervención para que Compagnon le pagara una millonaria deuda contraída con él. Eso sí, Riquelme siempre insistió en que no sabía de la relación de Díaz con el caso.

El conocimiento de esta información -que Riquelme ocultó en su primera visita a la comisión investigadora del caso, y sólo lo reconoció tras una nueva citación- echó por tierra la tesis de que La Moneda desconocía antecedentes del caso, más allá que el accionar del funcionario de Gobierno no sea en sí constitutivo de delito.

Es así que el informe de las comisiones investigadoras Caval I y II apunta directamente a La Moneda por no fijar postura frente al actuar de Riquelme. En una inédita señal política, el texto fue aprobado por unanimidad por la sala, y contiene veladas críticas al Gobierno por no pronunciarse sobre la permanencia de Riquelme o, al menos, instruir sumarios por estos hechos. 

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