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ONG canadiense inicia operaciones en Chile para apoyar políticas de privacidad de la información

11/04/2018

La Fundación internacional de origen canadiense Data Catalyst comenzó hoy su trabajo en el país. Su primera tarea será realizar un diagnóstico de la situación y conocer cuáles son los desafíos en la materia.

La organización llega en medio de la discusión que sostiene el Senado sobre un proyecto de ley que busca crear un marco legal para regular el uso de información y datos personales.  Data Catalyst es una institución sin fines de lucro, que realiza un trabajo orientado a ayudar a las autoridades encargadas del desarrollo de políticas públicas en torno a la materia, como también a las pequeñas empresas para que trabajen en conjunto al estado para crear una regulación de privacidad que sea aplicable, efectiva y sostenible.

La entidad para comenzar su trabajo en el país, sumó a dos destacados profesionales,  Alejandro Barros, académico asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, quién estará encargado de desarrollar el primer informe de la organización. Como también fichó a Eduardo Arriagada, decano de la Escuela de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica, ambos se desempeñarán como consejeros permanentes de Data Catalyst.

La fundación promueve una discusión donde se integren a todos los actores involucrados, por lo que su enfoque es la creación de políticas públicas con la participación del sector pública y privado. En el caso de Chile, el primer foro que se realizará de esta temática tendrá lugar en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, en mayo próximo.

Sobre la discusión entre lo público y lo privado, Alejandro Barros señaló “llevamos muchos años sin establecer un marco razonable de incentivo a la publicación de datos, tanto públicos como privados. Por su parte, la publicación, uso y re-uso es algo que llegó para quedarse. Por lo tanto, contar con una norma en materia de datos abiertos (me refiero a algo un poco más robusto que un instructivo presidencial), la inclusión de lo digital en nuestra Ley de Transparencia, y finalmente un marco normativo e institucional que garantice los derechos de las personas respecto de su privacidad son a estas alturas una obligación”.

Por otra parte, el decano Eduardo Arriagada se refirió a la accesibilidad de la información de la población con el uso de dispositivos móviles de alta gana y sostuvo que: “El desafío es compatibilizar las oportunidades de la existencia de información sobre los habitantes con los riesgos del abuso sobre el manejo de esta”.