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Empresas & Mercados

La bomba de tiempo en la salud privada que presiona la reforma que prepara el gobierno

Kharla Caniupán 19/05/2015

El alza en el número de prestaciones, el mayor gasto en licencias médicas y la creciente judicialización que enfrenta la industria no sólo complican los márgenes del negocio sino también los plazos que tiene el Ejecutivo para ingresar al Parlamento los cambios al sector.

No es un misterio que las isapres están enfrentando uno de los escenarios más complejos desde su creación. No sólo los márgenes de la industria se están estrechando sino también la capacidad de otros organismos para enfrentan los efectos colaterales de la bomba de tiempo que amenaza con explotar. 

Y es que el aumento en la frecuencia de las prestaciones -ya sea por un mayor poder adquisitivo de los afiliados o por el envejecimiento de la población-, la creciente judicialización a la que se expone la industria tras el Fallo del Tribunal Constitucional del año 2010, y el aumento del gasto en licencias médicas -este ítem tuvo un incremento de 11% en 2014 según la Superintendencia de Salud- hoy complican la sustentabilidad en el mediano plazo del sector asegurador privado.

Entre 2009 y 2014 el costo en salud por persona creció 39%, el gasto en licencias médicas avanzó 37% y los recursos de protección aumentaron 13 veces.

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, comparte la preocupación ante el nivel de conflictividad del sistema, el que considera “sumamente preocupante”. El regulador indica que “no tiene ningún sentido que los Tribunales o la Superintendencia se llenen masivamente de reclamos; esto evidentemente habla de un problema estructural (…) La judicialización es un problema, sí, pero es ante todo el síntoma de una falla estructural normativa del sistema”.

Victoria Beaumont, directora de la consultora Altura Management, explica que las isapres son sensibles a los procesos de crecimiento económico. Y si bien esta bomba de tiempo no estallaría pronto, advierte que en un período de decrecimiento económico, un alto período de licencias médicas junto con una pandemia -como lo que ocurrió en 2009 con la H1N1- complicaría a las isapres inmediatamente.

Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de isapres, puntualiza que lo que sucede con algunos actores del gremio “es que los gastos de administración y finanzas, donde están pesando los costos de judicialización; los gastos de subsidio de incapacidad laboral (licencias médicas) y los gastos en prestaciones de salud suben a una velocidad más rápida que lo que lo hacen los ingresos. Eso es un rumbo de colisión, porque deberían subir en líneas paralelas”.

La pregunta que se hacen todos es en cuánto tiempo explotará esta bomba. Beaumont cree que lo hará en unos tres o cinco años. Es más, advierte que también hay que considerar que hay isapres que están más afectada que otras, sobre todo las que están muy judicializadas. Altura Management  calcula que en 2015 el 12% de la cartera va a judicializar el alza, lo que significa que hay entidades que tendrían el 14% o 15% de sus afiliados. Y si alguna de estas isapres tiene una cartera riesgosa, se pueden prender las alarmas.

Para el presidente de Colmena, Gonzalo de la Carrera, esto ocurrirá antes: “Como el margen de utilidad es tan bajo (3%), no queda mucho tiempo para que algunas isapres pasen a perder plata, y peor aún, no puedan financiar las coberturas de sus planes de salud , lo que estimo ocurrirá el 2016. Afortunadamente Colmena ha sido previsor y está en una posición sólida”.

Caviedes no es tan concluyente e indica que es difícil prever si estas condiciones tienen fecha límite, porque las isapres están tomando medidas para adaptarse a estas circunstancias y “evitar que la bomba estalle”.

No obstante, el timonel gremial hace un llamado al Gobierno: “Lo más importante es tomar decisiones en cuanto a la reforma; terminar la tremenda incertidumbre que produce esta cantidad de juicios que estamos enfrentando, que es creciente y que para este año se proyectan 155 mil”.

Cambios contra reloj

El sistema de aseguramiento de salud privado lleva mucho tiempo en la lista de espera de reformas, período en el cual han citado a tres comisiones asesoras presidenciales y han pasado casi cinco años desde que comenzaran a crecer exponencialmente los recursos de protección.

Caviedes destaca que la industria quiere avanzar en modificar componentes del sistema y enfatiza que “la tasa de crecimiento de recursos de protección, con los costos involucrados en las costas judiciales y en lo que las isapres dejan de ingresar por concepto de congelamiento de precios de 170 mil planes de aquí a fin de año, es evidentemente un problema grave que debe ser resuelto por ley”, dice el vocero de la industria.

Y ya hay luces en torno al tema. Todo parece indicar que dentro del plazo autoimpuesto por la ex ministra de Salud, Helia Molina, el Gobierno daría a conocer la reforma al sistema de isapres.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, dijo el fin de semana en entrevista con La Tercera que a comienzos de mayo entregaron un borrador de la reforma a la Presidenta Michelle Bachelet y que están esperando que los citen para evaluar la iniciativa legislativa.

Castillo reconoció, incluso, que existe un planteamiento para dividir algunas indicaciones. Agregó que aún no se toma una decisión en torno a este tema, pero que cree que durante 2015 ingresarán al menos un componente de la reforma.

Este último punto está en línea con lo que abogan diferentes actores del sector. Beaumont es de la idea “que se converse una reforma quirúrgica sobre una nueva forma de tarificación o de modificación del alza de los precios”; punto que ha sido sostenido también por Claudio Santander, presidente de MasVida.

La preocupación de Beaumont, similar a la de otros actores de la industria, es que al existir muchas prioridades legislativas en el país, el Gobierno perciba que ésta es una agenda de la industria y no ciudadana, motivo por el cual no se le dé la prioridad que realmente requiere.

Con todo, el sector espera ansioso el discurso del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet, el que podría entregar luces respecto de la dirección de la reforma a las isapres.

Judicialización

Este año, se calcula que un 12% de la cartera de las isapres acudirá a los tribunales para congelar el alza del precio del arancel base. Beaumont advierte que esto permite que se desvíen recursos a una industria paralela de abogados, la que debilita el sistema institucionalmente, porque genera una cultura del “no cuidado del seguro”.

En línea, de la Carrera plantea que “el costo de la judicialización es imparable; unos pocos abogados se están quedando con el dinero de los afiliados. Me pregunto si ese dinero ($20 mil millones) no sería mejor destinarlo a mejorar la salud de los chilenos”.

Este año, Altura Management ya espera unos 155 mil recursos de protección, cálculo que considera que el segundo semestre caerá la judicialización de Banmédica y Vida Tres -que no reajustaron sus precios este año- y que Mas Vida, que tras siete años sin modificar el valor de sus planes y que aplicará un alza de 6%, no se va a judicializar con la suficiente velocidad para alcanzar los niveles que tienen actores similares de la industria.

Rol de la Superintendencia

No sólo los Tribunales de Justicia evidencian un alza en las causas ingresadas por el aumento de precios en las isapres. También la Superintendencia de Salud acusa un escenario similar. Y es que durante el primer cuatrimestre de este año el organismo ha recibido 4.688 controversias, de las cuales el 58% es por el alza del precio de las isapres. El crecimiento de este último ítem es de más de 26 veces para ese período.

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, explica que “desde que se hicieron conocidos los nuevos criterios utilizados por la superintendencia, la cantidad de reclamos ha crecido de manera importante”. Tanto es así, que desde julio de 2014 a abril las controversias por ajuste de precios alcanzan las 7 mil unidades.

“En los primeros tres meses del año pasado se habían presentado apenas 15 reclamos. Fue sólo a partir de marzo en que las personas empezaron a reconocer una suerte de ‘cambio de mano’ institucional y los reclamos empezaron a aumentar”, explica el regulador y agrega que esto es fruto de un desafío conceptual; el cual incluyó el análisis del alcance de sus facultades, la posibilidad de incorporar la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia en la forma en que resolvían los reclamos; junto con el desafío tecnológico que esto implica.

Sin embargo, Pavlovic plantea que “es evidente que por más que se resuelvan los conflictos en un plazo razonables, el nivel de conflictividad plantea la exigencia de cambios regulatorios”. Es más, el aumento exponencial de este tipo de reclamos es un ítem que les preocupa, y “justamente por eso estamos apoyando con todos nuestros recursos técnicos el trabajo del Ministerio para introducir cambios al sistema. Sabemos que este problema regulatorio tiene que ser resuelto por una Ley. Hay aspectos que escapan a las potestades de la Superintendencia, que podemos tratar de responder de la manera más eficientemente posible esta demanda, pero lo que se refleja es el problema regulatorio”.

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