Corte rechaza reclamo de ilegalidad de corredora de Gabriel Urenda en contra de multa impuesta por SVS

PULSO 20/10/2017

La Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por Intervalores Corredores de Bolsa, de propiedad de Gabriel Urenda, en contra de la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros a la firma tras acusarla de haber entregado al regulador antecedentes falsos sobre la liquidez de la corredora, además de irregularidades en su patrimonio, la razón de endeudamiento de la intermediaria, y la razón de cobertura de cobertura patrimonial entre el 13 de julio de 2015 y el 1 de septiembre del mismo año.

Esto, originó que la SVS multara a la empresa y a sus ejecutivos, en febrero de este año por una suma de $67 millones. Según el fallo del tribunal de Alzada, “no existe actuar contrario a derecho por parte del ente fiscalizador, y por ello no puede existir perjuicio alguno que alegar en la materia. Por lo demás, las multas impuestas a los recurrentes no son más que la respuesta justa y legítima del sistema -en un Estado de Derecho- frente a sus infracciones a la norma, no pudiendo ello, en caso alguno, representar un perjuicio en su contra”.

Para el tribunal, “dada la inexistencia de un actuar contra derecho por parte de la SVS, no se puede alegar la existencia de supuestos perjuicios”.

Agrega que, respecto a que el regulador había perjudicado la presunción de inocencia de los ejecutivos, “dicha alegación no es efectiva, ni puede derivar de ella ningún perjuicio, más aún cuando durante todo el procedimiento, se respetó el principio de contradictoriedad y los reclamantes pudieron hacer valer en todo momento sus alegaciones.

Según la Corte, es distinto que “los recurrentes no compartan la forma en que la SVS consideró y ponderó su prueba, pero esto en ningún caso puede implicar que se haya actuado de manera ilegal y que producto de ello se hayan visto perjudicados”.

Por esto, estima que la resolución dictada en febrero por la SVS que impuso las multas, “fue dictada dentro de un procedimiento ajustado a los principios y estándares procedimentales propios de los actos de la Administración del Estado y en uso de las atribuciones que la normativa le confiere a la Superintendencia, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a las normas a que se ve afecta su actividad”.

El proceso sancionatorio de la SVS comenzó en agosto de 2017, dictándose la resolución en febrero pasado. La intermediaria ya había sido suspendida antes de este proceso por incumplir una serie de indicadores, hecho provocado por los movimientos que debieron hacer tras el fallo adverso dictado en primer instancia en el juicio de Corfo con ICB Corredores, el cual condenó a Intervalores (junto a otras 21 entidades), a restituir al organismo estatal $1.000 millones.