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Comisión investigadora de Financoop concluye que Ministerio de Economía al pedir disolución forzada de la cooperativa “no sopesó las diferentes alternativas”

Mariana Marusic 06/03/2018

Hoy se realizó la última sesión en la Cámara de Diputados de la comisión investigadora del caso Financoop, y el resultado de la votación fue unánime al aprobar las conclusiones.

¿Qué concluyeron los diputados sobre la cooperativa intervenida? “El Ministerio de Economía, si bien ejerció -dentro de los límites presupuestarios a los cuales está sujeto- la facultad fiscalizadora sobre la cooperativa Financoop, no tomó los resguardos suficientes para velar por el correcto funcionamiento de esta y, por consiguiente, no cumplió con el objetivo de resguardar los recursos de las personas que confiaron sus ahorros a la administración de la cooperativa”.

Por el lado de Financoop, apuntaron que la administración de la cooperativa “es responsable de la entrega de información financiera y contable no fidedigna a sus socios, depositantes y ahorrantes, como también al fiscalizador y al mercado”.

Con este telón de fondo, el Ministerio de Economía no pudo determinar el monto del deterioro, “por lo que malamente pudo haber sabido el nivel del riesgo y la afección a la viabilidad futura de esta…No obraban antecedentes suficientes para solicitar la disolución forzada de la cooperativa, aun cuando legalmente existía tal posibilidad”, advierten las conclusiones de los diputados.

Asimismo, la instancia fiscalizadora indicó que “el Ministerio de Economía, a través de su Departamento de Cooperativas, al tomar la decisión de solicitar la disolución forzada de la cooperativa, no sopesó las diferentes alternativas otorgadas por la Ley General de Cooperativas para abordar y solucionar los problemas financieros de la entidad”.

A esto se suma, detallan los diputados, que fue el mismo Departamento de Cooperativas el que, luego de pedir la disolución forzada de la entidad, accedió a llegar a un acuerdo para que Financoop siga adelante con su reorganización, “lo que constituye un reconocimiento implícito por parte del Ministerio de Economía de la existencia de otras alternativas para solucionar el problema experimentado por la cooperativa”.

La comisión investigadora también concluyó que el Ministerio de Economía, a través del Departamento de Cooperativas, en conjunto con el consejo de administración de la cooperativa, “pudo haber sido más diligente en la entrega de información oportuna y suficiente a los socios y al público sobre la situación jurídica, económica, financiera y patrimonial de la Cooperativa, tal como lo exige el numeral i) del artículo 108 de la Ley General de Cooperativas”.

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