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Agroindustria en alerta: cobro de impuestos verdes estancará crecimiento del sector

Sofía Errázuriz 01/07/2016

Chilealimentos cataloga como desproporcional la aplicación de gravámenes por la emisión de contaminantes de fuentes fijas. La medida no contemplaría las particularidades del sector al ser creada en su origen solamente para generadoras eléctricas.

Mientras el Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos se encuentran preparando el nuevo reglamento que estructurará la aplicación del impuesto a la emisión de contaminantes de fuentes fijas, el sector agroindustrial se muestra preocupado respecto al rumbo que ha tomado este proceso.

“En un principio la ley fue concebida para aplicarle el impuesto verde sólo a las generadoras eléctricas, pero se cambió el criterio aplicándola a todo tipo de instalaciones con una potencia instalada de más de 50MW, sin considerar así la realidad particular del sector agroindustrial”, recalca Juan Manuel Mira, gerente general de Sugal y director de Chilealimentos.

Desde el gremio aseguran que esta ampliación de la Ley provocaría una desproporcionalidad para la actividad agroindustrial al representar en algunos casos niveles de tributación de entre un 25% a 30% del total de ingresos de las empresas.

“Nosotros no somos un negocio del tamaño, mercado y utilidades que puede generar una empresa de generadora eléctrica. Por ejemplo, las cuatros principales generadoras -AES Gener, Endesa, Colbún y Engie- tienen ventas entre US$1.156 millones y US$2.165 millones, a diferencia de las empresas agroindustriales que venden US$41millones-US$98 millones anuales”, aclaró Mira.

Esta industria se verá afectada porque es altamente intensiva en el uso de calderas durante 3 o 4 meses del año donde deben sobredotarse de capacidad de calderas, debido a su carácter estacional en el procesamiento de frutas y hortalizas. “Si dividimos los MW utilizados en ese periodo por los 12 meses del año, esta industria en promedio utiliza sólo 20 MW”, explica Guillermo González, gerente general de Chilealimentos.

“Lo lógico hubiera sido que la disposición tributaria hubiese contemplado el uso promedio anual de la capacidad térmica y no la instalada. Así, la normativa habría recogido la realidad de actividades como la Agroindustria”, añadió Mira.

Tampoco fue considerado el hecho que esta actividad sólo produce en meses de verano, en los cuales las condiciones climáticas de ventilación de las cuencas son más favorables, en contraposición con lo que ocurre en invierno con el uso de calefactores y consumo de electricidad en las ciudades, recalcan desde el gremio.

Los rubros principalmente afectados por esta disposición son la producción de pulpas de frutas (manzana, uva, durazno) y la pasta de tomate, afectando la producción de 46 mil hectáreas de frutales, incluidas 9 mil hectáreas de tomate industrial. Estas actividades generan unos 100 mil empleos anuales.

De aplicárseles el gravamen, los sectores podrían sufrir una pérdida importante en su competitividad, advierten en Chilealimentos.

Esto porque la producción de la agroindustria se orienta a los mercados internacionales y dependen de las fluctuaciones de los precios externos y el tipo de cambio, a diferencia del negocio de generación eléctrica que se dirige al abastecimiento del mercado interno y tiene una rentabilidad asegurada por la fijación del precio que realiza el Estado, de montos decenas de veces mayores que los de la agroindustria.

“Este es un sector que debiese duplicar su nivel de actividad en los próximos años, pero con este tipo de políticas se le pone un freno a la inversión y a las posibilidades de crecimiento. Así sólo me invitan a achicarme como empresa”, asegura González. 

El impacto de corto, mediano y largo plazo para la agroindustria, a juicio del sector, sería la paralización de las instalaciones, las inversiones y la detención de los efectos multiplicadores en empleo, transporte y uso de combustibles fósiles de origen nacional. 

“Es un freno a la inversión sectorial y a la revisión de la factibilidad económica de plantas que operan en el país en estos instantes, pero que deberán dejar de operar si esta medida prospera”, concluye Mira.

Realidad del país. A juicio del gremio, el problema radica en que este proyecto está desconociendo la particularidad del sector, aplicándole un gravamen que en un comienzo solamente iba contemplado a los generadores eléctricos.

Un buen ejemplo lo ven en México, que con el mismo objetivo de disminuir las emisiones de carbono, en vez de aumentar los impuestos verdes, redujo los subsidios que entregaban a combustibles fósiles. Modelo que no puede ser replicado en Chile, pero que se ajusta a la realidad de ese país y del sector.

Muy por el contrario de lo que está pasando en Chile. “Se quieren replicar los mismos límites de 50MW que ya aplicó la comunidad europea. Sin embargo, ellos tienen una disponibilidad enorme de combustibles menos contaminantes, como el gas natural, a diferencia de nosotros que no tenemos esa posibilidad”, concluye Mira.

Gravamen a la emisión de contaminantes

De acuerdo a la ley, el objetivo de implementar este impuesto a la emisión de contaminantes (impuestos verdes) en la industria es para estimular el cambio hacia tecnologías limpias.

Según la legislación aprobada se graban con este impuesto las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (S02) y dióxido de carbono (C02), producidos por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50MW, considerando el límite superior del valor energético del combustible. 

Según la ley, “en el caso de las emisiones al aire de material particulado (MP), oxídos de nitrógeno (N0x) y dióxido de azufre (S02), el impuesto será equivalente a 0,1 por cada tonelada emitida, o la proporción que corresponda, de dichos contaminantes multiplicado por la fórmula (…). En cuanto al dióxido de carbono, el impuesto será de US$ 5 por tonelada emitida”.