1969737_500.jpg

Economía & Dinero

Rol de Interior en institucionalidad y falta de recursos entrampan proyecto de Migraciones

Carlos Alonso 12/05/2016

La iniciativa contempla que la cartera dirigida por Jorge Burgos supervise el Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, dentro del Gobierno plantean que debe incluir a Cancillería. Este nuevo organismo requiere de un gasto público considerado "elevado".

El escenario de estrechez económica, sumado a las diferencias en el Gobierno sobre el ministerio que supervisará el nuevo Servicio Nacional de Migraciones, y las reticencias de la Policía de Investigaciones (PDI) por la pérdida de independencia en sus decisiones del control migratorio, tienen entrampado  y sin fecha clara de envío al Congreso el proyecto de ley de Migraciones que debía ingresar en el primer trimestre de 2016. 

En el desglose, de acuerdo a  fuentes de Gobierno, el primer punto responde a que la creación del Servicio Nacional de Migraciones requiere de un importante gasto público, lo que es inviable por el escenario de ajuste fiscal. Esta nueva institucionalidad es clave en la estructura de  la ley, por lo que no podría avanzar si se excluye o minimiza esta nueva estructura. 

Otra de las diferencias al interior del Ejecutivo apunta  al funcionamiento de este  servicio,  en especial sobre quién lo supervisará, ya que no existe pleno consenso de que sea  sólo el Ministerio del Interior quien deba cumpla esta función. Esto, porque una parte del Ejecutivo plantea que también debe estar presente el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que son ellos los representantes del país en el exterior, y además se critica que al estar sólo bajo el alero de Interior la mirada que prevalezca sea la de seguridad pública.

La última discrepancia apunta a  la reticencia que ha expresado la Policía de Investigaciones (PDI) en alguno de los puntos relacionados con la rendición de cuentas de sus funciones al Servicio Nacional de Migraciones.  Si bien en el proyecto de ley dice que el control migratorio corresponderá a la PDI, “se deberá denunciar ante el servicio las infracciones que tome conocimiento”. Asimismo, la PDI deberá también informar  sobre las medidas  de control administrativo adoptadas y los antecedentes relacionados con la infracción. 

Nueva institucionalidad. De acuerdo a la última versión del proyecto al que tuvo acceso PULSO, el Servicio Nacional de Migraciones será “dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.  Además, la conformación del servicio estará sujeta a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública y su patrimonio estará integrado por los fondos que anualmente le destine la ley de Presupuestos, de los ingresos propios recaudados por concepto de multas y permisos establecidos en la presente ley.  Asimismo, se creará un Registro Nacional de Extranjeros que será administrado por el Servicio Nacional de Migraciones. Este registro tendrá carácter reservado, en virtud de lo dispuesto en la ley sobre acceso a la información pública y protección de la vida privada.  Sin perjuicio de ello, el Servicio podrá intercambiar información con organismos públicos u otros Estados, de acuerdo a las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile.   

Ahora bien, como normativa que englobará esta nueva institucionalidad, se creará un Sistema Nacional de Política Migratoria, la cual definirá la estrategia a seguir. El organismo responsable será también el Ministerio del Interior, el que deberá proponer al Presidente de la República la  Política Nacional Migratoria. Para la elaboración de esta política se contará con la asesoría de un consejo asesor como instancia multisectorial para la actualización de sus contenidos. Cada cuatro años, Interior deberá informar a la Cámara de Diputados y el Senado  los alcances y modificaciones de la política migratoria.