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Economía & Dinero

Marcos Barraza: "Estamos revisando el subsistema de seguridades y oportunidades (ingreso ético familiar)"

Juan Pablo Palacios 12/01/2016

Afirma que instrumento estrella creado en el Gobierno de Piñera debe tener también un rol de inclusión laboral. Destaca el nuevo Registro Social de Hogares que reemplaza a la Ficha de Protección Social y señala que "todos los ministerios tenemos que hacer máximos esfuerzos para que el país pueda producir y crecer mucho más".

El nuevo Registro Social de Hogares (RSH), que reemplaza a la Ficha de Protección Social (FPS), es el buque insignia del Ministerio de Desarrollo Social. El nuevo sistema de asignación de prestaciones sociales termina con los puntajes y crea un esquema de tramos socioeconómicos para las familias. También se sustenta con información en línea cruzada del Servicio de Impuestos Internos (SII), del Registro Civil, de las Isapres, de Fonasa, del seguro de cesantía, de la Superintendencia de Pensiones, y del Registro escolar, entre otros, dejando en el pasado el autoreporte.

En esta entrevista el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, profundiza en los fundamentos del RSH. A la vez, aborda el avance de la encuesta Casen y anuncia la revisión de una de las políticas sociales estrella de la administración de Sebastián Piñera: el Ingreso Ético Familiar. 

¿Cuál fue el análisis previo para implementar el nuevo Registro Social de Hogares?

Hay razones de orden técnico, pero también de orden ciudadano. Durante la campaña presidencial uno de los temas que permanentemente emergió desde la ciudadanía fue la necesidad de reemplazar la Ficha de Protección Social por un nuevo sistema, porque la ficha no contaba con la legitimidad suficiente desde el punto de vista de un instrumento que seleccione correctamente a las familias para las prestaciones propias del sistema de protección social. Esto conecta con la percepción de contar con un sistema que sea mucho más justo, transparente, objetivo, moderno y, en consecuencia, más simple. 

También existía suficiente evidencia que confirmaba que la Ficha de Protección Social, como instrumento, no estaba midiendo correctamente lo que se requería en materia de selección para las familias. La ficha se sostenía en base a información verbalizada por parte de las familias y, por lo mismo, era información que no siempre se ajustaba a la realidad o en su defecto no era verificable. Adicionalmente, operaba con un concepto que es la capacidad generadora de ingresos, que es un estimativo de ingresos por parte de un hogar, lo cual genera distorsiones. Todo eso implicaba que las familias tenían un puntaje que no necesariamente se condecía con su realidad socioeconómica.

¿Cómo buscan hacerlo más efectivo? 

El nuevo registro se construye en base a información de carácter objetivo. Los datos sociodemográficos de domicilio y composición del grupo familiar evidentemente son datos proporcionados por las familias, pero esos datos, junto a otra información de los registros del Estado, nos permiten contar con una base administrativa que nos proporciona información objetiva. Tenemos suficiente información de la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Salud, el Registro Civil, el SII, que nos permite conocer antecedentes objetivos de esas familias y, en consecuencia, podemos establecer los ingresos reales y no potenciales. Con el nuevo registro se puede evaluar doce meses hacia atrás el promedio de los ingresos, porque ahora tenemos la información objetiva que nos permite visualizar cuál ha sido el comportamiento de esos ingresos. También podemos entender cuál es la condición socioeconómica de esas familias. Este es un cambio importante que junto con dar mayor confianza a las familias desde el punto de vista de cómo se seleccionan para las prestaciones del sistema de protección social, también viene a generar confianza desde el punto de vista de cómo opera el sistema.

¿Por qué se reemplazó el puntaje por un sistema de tramos?

Es importante que las familias tengan transparencia de la información a la cual acceden. Cuando existía la Ficha de Protección Social, había un puntaje y eso no le decía nada a las familias respecto de qué fundamentaba esa puntuación. Nosotros hemos diseñado un sistema que acentúa el componente de transparencia. Antes los puntajes establecían cortes discriminatorios; por ejemplo, una familia tenía 8.320 puntos y era beneficiaria de un determinado programa, porque eran puntajes continuos. Y si tenía 8.321 puntos no tenía beneficios. Siempre tiene que haber un corte o un umbral, sin embargo, lo que estamos haciendo con la calificación socioeconómica es un ordenamiento, una estratificación de las familias en función de sus ingresos y las estamos agrupando en función de ingresos similares para que tengan las mismas posibilidades de postular a programas sociales y no que un puntaje continuo las deje excluidas de postular.

Definimos siete tramos, donde el primero abarca al 40%, es decir, que el 40% de las familias más vulnerables en Chile tiene ingresos que son muy similares, por tanto tienen que tener las mismas posibilidades de postular. Luego hay un tramo del 50%, uno del 60% hasta llegar al 100%. 

¿Con el nuevo registro, a qué tipo de beneficios pueden ir accediendo desde ya las familias, hay algún componente de gradualidad?

Va a depender del tramo, por ejemplo el Subsidio Único Familiar (SUF) hasta el 2015 estaba destinado al 40% de las familias más vulnerables. Con el nuevo registro social de hogares se incrementan al 60% de las familias más vulnerables, con lo cual aumenta la cobertura. Las familias podrán ir postulando a los programas en función de la calificación socioeconómica a la cual están adscritas. Sin embargo, hay que destacar que las familias que hoy tienen beneficios los van a mantener en el tiempo y sólo expiran conforme a su temporalidad. 

Hay expertos que cuestionan que, más allá del instrumento, el problema es el diseño de la política social, donde quien está en el 60% recibe el beneficio y quien está en el 61% queda sin nada.

Esa es una crítica un poco desinformada. La política pública en materia de protección social se está cursando con una combinación de políticas focalizadas y un componente de políticas de corte universal. Desde el punto de vista de focalización, siempre existirán recursos de transferencias monetarias destinados a las familias de menores ingresos, pero eso debe tener tramos determinados. Siempre habrá cortes y umbrales, no se puede entender la política pública de otra manera. El SUF es el mejor ejemplo. Si en el 2015 tenía un corte en el 40% de las familias más vulnerables, en la Ley de Presupuestos 2016 se subió al 60%. En tanto, el tramo del 70% tiene un poco más de ingresos y será susceptible de postular a otros programas, pero no a éste. Las coberturas tienen que ver con la disponibilidad de recursos y en la medida que esos recursos se vayan incrementando, por cierto que se van ampliando las coberturas. 

En materia de familias vulnerables estamos destinando los recursos a las familias que corresponden, pero tenemos otras políticas públicas que también se hacen cargo de la universalidad. El mejor ejemplo de ello es la educación gratuita, donde partimos con un 50% de gratuidad y progresivamente se va a ir incrementando en los próximos años. 

¿Al haber mayor transparencia podría darse que algunas familias que manipularon datos o que no los entregaron correctamente queden fuera del sistema de protección social?

Las familias que hoy tienen beneficios los mantienen por la temporalidad en que fueron adjudicados. Una vez que las familias re postulen a partir del nuevo registro, verán si califican o no califican. Hoy hay una gradualidad propia de cada programa.

El registro es más celoso a la hora de determinar las condiciones socioeconómicas reales de ese hogar. Si el sistema detecta una inconsistencia, en el sentido de que una familia tiene un ingreso de $400 mil constituido por cuatro personas, sin embargo, tiene un plan de salud de $150 mil, no hay consistencia. Por tanto, lo que hace el sistema es ubicar a esa familia en un tramo más alto, pero esa familia tiene posibilidad de rectificar, actualizar o complementar información si es que por ejemplo ese plan de salud es pagado por un tercero. En ese sentido, el sistema anula la discrecionalidad, siendo mucho más seguro.

En caso de la encuesta Casen, ¿ya está definido quién va a calcular las cifras de pobreza por ingresos y multidimensional?

Aún no está definido. En eso aún estamos trabajando y esperamos  en el segundo semestre de 2016 dar a conocer los resultados. El procedimiento para la medición lo vamos a ir informando oportunamente.

¿Se mantiene la idea de que el INE tendría la prioridad para procesar esos datos?

Se está legislando un proyecto de ley respecto de las atribuciones del INE. Si es del caso que esté aprobado ese proyecto, así será. Eso va a depender de los tiempos legislativos. 

¿No se descarta volver a trabajar con la Cepal?

En su oportunidad vamos a informar cuál va a ser el procedimiento. 

Hay expertos que ven un estancamiento en la caída de las cifras de pobreza por efecto del bajo crecimiento económico, la inflación y el desempleo en los tramos de familias más pobres. ¿Cómo lo están viendo ustedes?

A mí no me gusta especular. Creo que el dato más duro y fidedigno es el de la Casen. Esperaría los resultados de la Casen antes de poder pronunciarme.

¿Qué peso le atribuye al crecimiento económico en la baja de la pobreza?

El crecimiento económico siempre es importante, tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y con el desarrollo del país. La Presidenta Bachelet definió 2016 como el año de la productividad y todos los ministerios tenemos que hacer máximos esfuerzos para que el país pueda producir y crecer mucho más.

Hay estudios que dicen que dos tercios de la caída de la pobreza en los últimos 25 años se justifican por el crecimiento…

Vuelvo a la misma respuesta, en el sentido de que con los datos duros uno puede pronunciarse. Lo demás son opiniones donde uno puede especular.

¿El menor crecimiento podría tener impacto en las políticas de igualdad y distribución del ingreso, como ya se vio con la gratuidad en la educación superior?

Cualquier política pública de mejoramiento de derechos, prestaciones y beneficios, siempre debe tener resguardados ingresos permanentes para gastos permanentes. Eso es lo que ordena la política pública.

¿Cómo se hace cargo de la crítica respecto de que las políticas de este Gobierno han estado más enfocadas en la desigualdad que en la pobreza?

No comparto esa afirmación. Cuando uno aborda de manera estructural políticas de desigualdad, también está influyendo de manera significativa en disminuir las brechas de pobreza. El país ha avanzado significativamente en la disminución de la pobreza en estos 25 años, tanto en pobreza por ingresos como multidimensional. Sin embargo, uno no puede estar tranquilo y tiene que desplegar mayores esfuerzos. En ese sentido, como ministerio estamos revisando el subsistema de seguridades y oportunidades (ingreso ético familiar) que aborda transferencias monetarias para las familias de menores ingresos. Lo estamos revisando porque nos parece que una buena política de protección social es aquella que logra contribuir a nivelar ingresos, pero también a generar autonomías desde el punto de vista de la inclusión laboral. Por tanto, aunque si bien cumple un buen rol en materia de transferencias monetarias, estamos revisando cuál es el rol que cumple desde el punto de vista de la inclusión laboral. Para nosotros eso es muy relevante porque necesitamos tener un mayor nexo comunicante entre protección social y empleabilidad.

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