Economía & Dinero

Magistrados de TTA acusan escaso "feedback" con el Gobierno por norma antielusión

Miriam Leiva P. 02/02/2016

Critican que no han sido considerados en los grandes seminarios, y la demora en el proyecto que perfecciona y aumenta la dotación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Son 18 jueces los que integran los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) a lo largo de todo el país, y quienes tendrán en sus manos decidir si los contribuyentes están o no realizando maniobras elusivas para pagar menos impuestos, aplicando la nueva norma antielusión que se aprobó dentro de la Reforma Tributaria.

Ayer la Presidenta promulgó la iniciativa que perfecciona el nuevo sistema impositivo y aclara algunos vacíos de la ley original respecto al período de aplicación. El texto precisó que la antielusión sólo puede referirse a los actos jurídicos realizados después del 31 de septiembre de 2015, incluyendo aquellos cambios o revisión de contratos firmados con anterioridad y que tengan impacto tributario. 

No obstante estos perfeccionamientos, los expertos del área mantuvieron sus dudas respecto de la aplicación de esta normativa que es nueva en Chile. Incluso algunos señalaron que la legislación aún no otorga la certeza jurídica necesaria. 

Los encargados de implementar y “bajar” estas normas serán los jueces tributarios, quienes a través del presidente de la Asociación de Magistrados de los TTA, Oscar Meriño, lamentan la escasa retroalimentación que han tenido con el Gobierno por este tema.

“Nosotros hemos ido mirando como observadores desde fuera los problemas que salieron a la luz. Ahora tenemos más claridad en relación a esta norma. Como jueces estamos preparándonos desde 2015 en conflictos y otros temas relacionados con esta legislación”, admite Meriño.

Ellos, a través de la administradora de los TTA, organizaron dos jornadas para conocer la mirada de los dos mundos que llegarán a solicitar un veredicto. Para conocer la visión del mundo privado a mediados del año pasado estuvieron una semana analizando con académicos de la U. Católica -encuentro coordinado por la tributarista Soledad Recabarren- casos y hechos que podrían acogerse a esta normativa antielusión. 

Y en noviembre se enfocaron en el lado fiscal, con otra jornada con la Subsecretaría de Hacienda, donde escucharon las ponencias del coordinador de política tributaria, Alberto Cuevas, y del académico de la U. Adolfo Ibáñez y redactor de la norma, Francisco Saffie. “Nos presentaron cómo venía la norma, por qué era necesaria  y su apreciación desde el punto de vista fiscal. Con estas dos capacitaciones nos armamos una idea de lo que se nos iba a venir”, recalca el presidente de la asociación.

Sin embargo, aún no han reflexionado sobre la actuación en casos hipotéticos, o frente a hechos más comunes de elusión, y pese a que el Gobierno realizó un seminario internacional con expertos que ya cuentan con este tipo de experiencias en sus países, no fueron invitados todos los magistrados.

Demora en proyecto

Hasta ahora y pese a que la normativa antielusión partió el 1 de octubre, aún no ha llegado ningún caso a los TTA. “Habiéndose aclarado los aspectos de temporalidad pendientes, creemos que en cualquier momento empezarán a llegar casos. Yo pienso que el SII va a llevar un caso bien armado y eso requiere tiempo. Por lo mismo es tan necesario aprobar la ley pendiente para fortalecer los TTA, porque el tema no es tan simple de analizar  y muchas veces se puede requerir un equipo multidisciplinario para saber si los antecedentes dan cuenta de una elusión o no”, acota Meriño.

El proyecto que amplía la planta permite el ajuste de la planilla de remuneraciones y la contratación de expertos en forma transitoria o permanente, ingresó el 30 de marzo del año pasado como parte del acuerdo de Reforma Tributaria, firmado en septiembre de 2014. El 21 de enero de este año recién fue despachado de las comisiones especializadas de la Cámara de Diputados, y debido a la urgencia de otros proyectos no alcanzó a ser votado por la sala. Se espera que en marzo sea uno de los primeros articulados en ser enviado a su segunda revisión al Senado. 

“Los jueces estamos suficientemente preparados porque la mayoría son académicos y hemos estado pendientes, pero creo que podemos enfrentarnos a un problema de sobrecarga de trabajo que pueda generar retrasos e inconvenientes”, afirma el magistrado.

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