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Economía & Dinero

Juez Muñoz insiste en reparos a Reforma Laboral en segundo informe de Suprema al Congreso

Juan Pablo Palacios 06/01/2016

En el documento que envió el pleno del máximo tribunal al Senado, el saliente timonel reiteró las observaciones hechas al proyecto en el primer informe a los diputados. Arbitraje y aplicación de sanciones por reemplazo en huelga son sus principales aprensiones.

Pese a que en un principio no estaba contemplado requerir un nuevo informe, ya que en febrero del año pasado la Cámara de Diputados ya había solicitado un análisis, finalmente el pasado 22 de diciembre el Senado pidió a la Corte Suprema una segunda opinión sobre el proyecto de Reforma Laboral.

En un oficio firmado por el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier (PS), se establece que en cumplimiento del mandato constitucional que obliga al legislador a oír previamente a la Suprema en caso de cambios a la Ley Orgánica relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, se le solicita al máximo tribunal su visión sobre las normas del proyecto que despachó la instancia respecto del inciso final del artículo 360 ter, que se incorporó en el segundo trámite, y respecto de los artículos 403 y 404 que regulan la interposición de acciones judiciales en el contexto de un proceso de negociación colectiva y la reclamación de la determinación de las empresas sin derecho a huelga, respectivamente.

En respuesta enviada el 31 de diciembre, el pleno de la Corte Suprema reitera que la iniciativa del Gobierno tiene “un sentido democratizador” y que busca reconocer las “libertades sindicales con fines redistributivos”.

Sobre las normas en consulta, la Suprema afirma que “es posible deducir que el proyecto presentado a la consideración del Poder Judicial, efectivamente -y tal como lo anuncian sus intenciones- recoge la opinión emitida por la Corte Suprema en su informe al proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales (…). Sin perjuicio de algunas observaciones menores”.

En ese plano, el organismo plantea reparos al alcance del contenido de la sentencia que dirime controversias sobre las llamadas empresas estratégicas sin derecho a huelga. 

“Corresponde al tribunal declarar la nulidad -ya sea total o parcial- del acto impugnado, ordenando al órgano de la Administración que corrija las deficiencias identificadas. Asumir un rol diverso, en materia de rectificación de actos, podría conducir a equivocaciones del tribunal, en que éste podría invadir competencias que son exclusivas del Poder Ejecutivo. El texto propuesto al ordenar la rectificación del acto, ya se estaría dando una orden de modificación del mismo”, dice el texto de los supremos.

La insistencia de Muñoz

En la opinión del máximo tribunal se previene que el saliente presidente Sergio Muñoz, quien mañana pasará a presidir la Cuarta Sala que interpretará las nuevas normas que trae la Reforma Laboral, estuvo por reiterar las observaciones al proyecto expresadas en la anterior comunicación al Parlamento. En la ocasión, la Suprema advirtió la existencia de vacíos legales que podrían derivar en una mayor judicialización.

Muñoz plantea críticas al procedimiento de arbitraje, reiterando que no parece correcto que no procedan recursos en su contra. “Llama la atención la norma contenida en el artículo 398, en que se limita del todo la revisión de los laudos dictados por el tribunal arbitral, por una instancia diferente. En efecto, atendidas las materias que conocería el tribunal, los diferentes tipos de arbitrajes que contempla el proyecto y la garantía constitucional al debido proceso, extraña que el legislador haya decidido restringir la procedencia del artículo 239 del Código Orgánico de Tribunales”, dice el ministro, quien advierte que esto derivará en la procedencia del recurso extraordinario de queja, el que es procedente en contra de sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno, determinación que a su juicio sería inapropiada para el sistema.

En la misma línea, alerta que con la nueva regulación no quedarían impedidas de ser árbitros las personas “que sean dirigentes sindicales o de asociaciones gremiales” (letra b del artículo 401 actual), ni las personas “que tengan la calidad de miembro de una comisión negociadora, o de apoderado de un empleador, o de asesor de aquélla”. 

Muñoz, por otro lado, persiste en sus reparos al proceso sancionatorio en caso de reemplazo de trabajadores en huelga por parte del empleador. “La nulidad del acto (en tanto infracción de una prohibición) y el correspondiente retiro de los funcionarios; la indemnización que se podría imponer como medida de reparación; las multas contempladas en el artículo 413 del proyecto, como sanción a la conducta infraccional; y por último, la multa impuesta como sanción a la comisión de una práctica desleal. La concurrencia de todas esas sanciones, se advierte como una vulneración del principio non bis in ídem, al estarse sancionando por diferentes vías, una misma conducta cometida por un mismo sujeto”, concluye. 

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