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Economía & Dinero

Hacienda enviará proyecto para regular desvinculación de contratas y bajar judicialización

Juan Pablo Palacios 28/11/2017

Medida es parte del protocolo de acuerdo suscrito con los empleados públicos con motivo del reajuste. Iniciativa buscará normar por ley instructivos del Ejecutivo y dictámenes de Contraloría que limitan despidos. Confusam advierte que ello afectará juicios de tutela laboral.

No sólo compromisos de incrementos de remuneraciones y pagos de bonos considera el protocolo de acuerdo firmado ayer por la Mesa del Sector Público (MSP) y los ministerios de Hacienda y del Trabajo para cerrar la negociación por el reajuste.

El documento que no contó con las rúbricas de las directivas de la Confederación Nacional de la Salud Municipalizada (Confusam) y del Colegio de Profesores incluyó una jugada de último minuto, que apunta al compromiso del Gobierno de trabajar, en el breve plazo,en un proyecto de ley para regular la situación laboral del personal a contrata o a plazo fijo en la administración central. El punto 3 del capítulo II del protocolo de acuerdo establece que “el Gobierno ingresará a la brevedad y con urgencia, un proyecto de ley orientado a normar el procedimiento de ingreso, renovación y no renovación de los funcionarios a contrata normados por el Estatuto Administrativo, en línea con lo señalado en los instructivos del Ministerio de Hacienda sobre la materia”.

El referido oficio circular de Teatinos 120 data de noviembre de 2016 y fija un criterio restrictivo para la no renovación de funcionarios a contrata, que cada fin de año son sometidos a evaluación.

El proyecto se hará cargo de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República (CGR), que en los últimos años en varios casos han anulado la no renovación de empleados a contrata en el sector fiscal, ordenando el pago de prestaciones devengadas.

En esa misma jurisprudencia la CGR ha dejado en claro que a los funcionarios públicos no procede la aplicación de normas sobre prácticas antisindicales o desleales, lo que impediría llevar adelante juicios por tutela laboral de derechos fundamentales contra el Fisco. Trascendió que dicho criterio será incorporado en la iniciativa legal del Ejecutivo.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, destacó la regulación que se legislará para las contratas. “Hoy los trabajadores están altamente preocupados de la estabilidad laboral, que un cambio de gobierno no signifique mermas para los trabajadores ni abuso ni arbitrariedad en la contratación y despidos de los trabajadores a contrata, sobre eso se trabajará en las próximas semanas”, dijo.

En la misma línea, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, señaló que la nueva normativa para el personal a plazo fijo “es una materia central para nosotros” y enfatizó que “estamos ad portas de concretar un gran avance, que no es sólo un avance en la demanda de los trabajadores públicos por trabajo decente y estabilidad laboral, sino que una tremenda modernización en el empleo público que había estado pendiente por mucho tiempo”.

La voz disidente vino por parte del presidente de Confusam, Esteban Maturana, criticando el principio de acuerdo. “Consideramos un verdadero retroceso la propuesta gubernamental respecto del personal a plazo fijo, el Ejecutivo pretende legislar una norma que regule la contratación y desvinculación del personal con contratos de este tipo aplicando por ley una normativa actualmente contenida en un dictamen de la Contraloría, dando rango de ley al mismo lo que en definitiva afectaría la posibilidad de los trabajadores de recurrir de tutela ante los tribunales correspondientes”, advierte.

Maturana recuerda que en un principio la mayoría de la Mesa del Sector Público, incluída la ANEF, rechazó la propuesta de Hacienda respecto de las contratas, sin embargo, en la reunión del sábado, donde se alcanzó el acuerdo general por el reajuste, se cambió de parecer y se apoyó la medida.

El protocolo de acuerdo contempla que el Gobierno reinstalará la mesa que coordina el Servicio Civil sobre buenas prácticas laborales en el sector público, para evaluar posibles modificaciones legales que den mayor eficacia al Código de Buenas Prácticas Laborales.