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Economía & Dinero

Fallido Censo 2012: Fiscalía desestima delito en actuación de Francisco Labbé

Carlos Alonso 15/01/2016

Sin embargo, el Ministerio Público señaló que sí hubo errores administrativos graves por parte de la dirección que dirigió dicho proceso estadístico.

Casi tres años han pasado desde que estalló el caso del fallido Censo 2012, que terminó con la salida de Francisco Labbé de la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Casi el mismo tiempo duró la investigación que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte y que ayer tuvo su término en el Séptimo Juzgado de Garantía. 

Esto, porque el Ministerio Público decidió no seguir adelante con la investigación, ya que si bien señala que “hubo errores administrativos graves, tanto en la metodología como en el procedimiento aplicado, no hubo delito”. 

La decisión de la Fiscalía fue de común acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), uno de los principales querellantes. De esta manera, se cierra la arista penal en contra de Francisco Labbé y Eduardo Carrasco, jefe del proyecto censo de 2012. 

El ex subsecretario de Economía del Gobierno de Sebastián Piñera, Tomás Flores,  señaló que “al parecer después de todos los estudios que realizó la Fiscalía y de las declaraciones que tomaron, se llegó a la conclusión de que no hubo manipulación de datos”. En ese sentido, acotó que “si bien se puede discrepar sobre la metodología, no hubo delito y eso con esta decisión de la Fiscalía quedó claro”. 

Para el ex  personero de Gobierno, el Censo abreviado de 2017 será finalmente el que defina cuál fue el porcentaje de error que hubo en las distintas comunas del país. 

Historia del caso

En septiembre de  2012, el INE publicó los resultados definitivos del Censo, que arrojaron un total nacional de 16.634 603 habitantes. La cifra fue menor a los 17 millones que se proyectaban, por lo que de inmediato comenzaron a surgir las dudas sobre el proceso. Además,  se comenzó a conocer que el proceso tuvo varios problemas, especialmente de cobertura, ya que sólo siete meses antes de partir se decidió cambiar la metodología y pasar de un Censo de hecho, que captura la información en un día, a otro de derecho, el cual se extiende por tres meses. Luego de la publicación, el INE comenzó a publicar una serie de fe de erratas con el propósito de enmendar los errores cometidos, sin embargo, el 26 de abril  de 2013 el Gobierno le pide la renuncia a  Francisco Labbé  a la dirección del INE, luego  que su “brazo derecho” del proceso estadístico, Marcela Alcérreca, lo acusó de manipulación de las cifras dadas a conocer en el Censo 2012.  Dicha declaración fue apoyada días después por Marcela Cabezas, ex subdirectora técnica. Ese mismo día, el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, presenta una querella sobre quienes resulten responsables, a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE). 

Desde ese momento la Fiscalía Centro Norte tomó la investigación. Para formarse la convicción de que no hubo delito, se solicitaron tres informes al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), quienes reafirmaron que hubo varios errores de procedimiento admistrativos. 

Así las cosas, tras la salida de Labbé asumió la dirección del INE Juan Eduardo Coeymans, quien conformó una comisión con expertos locales para analizar el proceso, quienes concluyeron que la información recopilada no tenía los estándares mínimos para realizar políticas públicas y recomendaron realizar un proceso abreviado.  En tanto,  una segunda comisión conformada por expertos internacionales sí validó el proceso estadístico. Todo esto quedó zanjado cuando asumió Michelle Bachelet, quien decidió realizar un nuevo Censo en 2017.

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