Economía & Dinero

Datos personales: Ejecutivo opta por entidad gubernamental y desecha a Consejo para la Transparencia

C. Alonso y M. Leiva 20/05/2016

El proyecto, que será enviado en los próximos días al Congreso, instaura una unidad "liviana" que dependerá de Hacienda o Economía, con un costo fiscal inicial de $800 millones, cumpliendo así con el requisito de no implicar un desembolso alto de recursos.

Ad portas de ingresar al Congreso está el proyecto de ley que perfecciona la legislación sobre la protección de datos personales, ya que las autoridades a cargo del tema concordaron en un diseño de institucionalidad que cumpla el principal requisito puesto desde Hacienda: que no sea mayormente costoso.

Desde Economía afirman que la iniciativa está prácticamente en el horno: “Estamos listos, todas las diferencias que teníamos entre nosotros fueron superadas, y esperamos que el proyecto ingrese de aquí a fin de mes”.

De hecho, el proyecto estaría redactado y se encuentra en la fase de pimponeo entre Hacienda, Economía y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que revisa los alcances constitucionales y la concordancia con la legislación vigente. 

Todo este proceso debe ser rápido, porque Presidencia ha fijado como plazo máximo de ingreso al Congreso la próxima semana, ya que se espera que el texto esté presentado antes que la Presidenta Michelle Bachelet asista a la Reunión del Consejo de Ministros de la Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que  se realizará entre el 30 de mayo y el 2 de junioen París, donde Chile presidirá el encuentro. 

Cabe recordar que la OCDE ha insistido al Gobierno para que cumpla con los niveles mínimos de protección de los datos de las personas, e incluso han llegado misiones a revisar el avance del tema. Ante ello, el Gobierno se autoimpuso como plazo fatal contar con el proyecto en el Congreso antes de esta reunión del selecto grupo de países.

Institucionalidad liviana. Tras dos años de debate interno,  el Gobierno se habría inclinado porque el guardián de los datos personales sea  una estructura “liviana”, similar a la que tienen la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). 

Esta unidad estará a cargo  de la coordinación de los organismos involucrados; será la responsable de cumplir con los estándares fijados en la futura legislación; dictará las instrucciones  generales para que se adopten las medidas necesarias ; y supervisará el cumplimiento de las obligaciones y por ende de los procesos revocatorios.

Este nuevo servicio gubernamental sería un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con un director responsable definido por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). 

La forma en que el director se relacione con el Presidente de la República aún no está definido. Este sería el único punto que faltaría por determinar, ya que hay dos candidatos para estar encima de esta nueva entidad: los ministerios de Economía y de Hacienda.

Ambos tienen argumentos suficientes para ser el paraguas de esta nueva estructura. Hacienda por un lado tiene a su cargo la supervisión de las entidades financieras, que son las depositarias de los mayores registros  de datos personales. Y por otro lado, Economía tiene la misión de velar por los consumidores, que serían los sujetos beneficiados con esta ley.

Low cost. El proyecto le permitirá al Gobierno cumplir con los estándares OCDE y que a la vez no le signifique un gasto fiscal muy elevado en tiempos de ajuste.  

De acuerdo a fuentes que trabajaron en su definición, la nueva figura contaría con una oficina  central en Santiago,  que se relacionará con las regiones a través de las Secretarias Regionales Ministeriales (Seremi), quienes tendrán la labor de recibir los reclamos que luego serán derivados a la matriz en la capital. Todo ello debe estar asociado a un sistema informático que permita a la ciudadanía ejercer sus derechos sobre la protección de datos personales.  

El costo inicial de este proyecto rondaría los $800 millones en el primer año, para luego, al quinto año, cuando la nueva estructura esté en régimen,  llegar a unos $ 2 mil millones aproximadamente. “Esta es la estructura que Hacienda estaría dispuesta a financiar”, señalan cercanos a la discusión interna del Gobierno.

De esta manera, la alternativa de que fuera el Consejo para la Transparencia el organismo que resguardara la protección de datos no prosperó. Mientras algunas voces del Ejecutivo reconocen que fue una de las opciones que se barajaron, otras señalan que nunca estuvo esa posibilidad en la mesa, porque se considera que la protección de datos es una función pública que debe ser cumplida por un organismo dependiente y no autónomo. 

Las recomendaciones del CPLT para la nueva ley

Según el Consejo para la Transparencia (CPLT), la modificación a la actual Ley 19.628 debía conversar con el proyecto de reforma constitucional que está en el Congreso y que consagra el derecho a la protección de datos personales. Además, debía incorporar principios rectores y reconocidos a nivel mundial en la materia, como legitimidad, finalidad, proporcionalidad, transparencia, responsabilidad y seguridad. También tendría que revisar los conceptos de “datos personales”, “datos sensibles”, “fuentes accesibles al público”, “tratamiento de datos”. Asimismo, debería reforzar la regulación del consentimiento expreso y de los derechos asociados a los titulares de los datos. Añadía que se tenía que crear un Registro Nacional de bases de datos, incorporar un régimen de infracciones y de sanciones,  regular la forma de manejo de los datos de los organismos públicos, precisar la territorialidad de la ley y el flujo transfronterizo de datos, consagrar la existencia de un órgano garante y la implementación gradual de estos cambios.