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Economía & Dinero

Bernardita Piedrabuena y protección de datos: “Cumplimos con los estándares de la OCDE y UE”

Lucy Aravena L. 15/12/2017

Afirma que se hicieron cambios al proyecto de ley que aseguran la independencia de la Agencia de Protección de Datos del gobierno de turno. Aclara que los tribunales deberán dirimir cuando este derecho choque con el de transparencia.

Que  al menos pase la valla del Senado es lo que espera la asesora del Ministerio de Economía, Bernardita Piedrabuena, para el proyecto de ley que mejorar la protección de datos personales y crea un agencia independiente.

La economista, que ha liderado como representante del Ejecutivo la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, revela las modificaciones que se le han introducido con el fin de garantizar el nivel de autonomía del nuevo órgano que estará encargado de proteger los datos personales y así ceñirse a los estándares internacionales que permitirán que la industria encargada de transferir esta información a otros países sea aceptada globalmente.

Una de las crítica que ha tenido el proyecto es el grado de autonimía que tiene la agencia, En ese sentido, ¿cuáles son los cambios que el Ejecutivo ha efectuado al proyecto para garantizar la autonomía de la nueva institucionalidad?

-Hubo algunos cambios tendientes a fortalecer la independencia de la institucionalidad. Esta es una agencia que es parte de la administración del Gobierno, es un órgano descentralizado y autónomo. La elección del director de la agencia va a pasar por un proceso de selección de los candidatos por Alta Dirección Pública, del cual se va a dar una terna al Presidente de la República, quien va a tener que elegir y someter este nombramiento a ratificación del Senado. El director de la agencia durará cinco años de forma de desacoplarlo del ciclo político. Para su remoción, se tiene que invocar las causales que están definidas en la ley. Hay algunas causales que son relacionadas al desempeño, las cuales pueden ser sólo invocadas por el Presidente de la República o por la Cámara de Diputados y deben ser ratificadas por la Corte Suprema. Entonces creemos que con todas esas características se le da la suficiente independencia a esta agencia.

Pese a ello, algunos expertos han planteado que este grado de autonomía no cumple con los estándares internacionales, ¿cuál es su visión al respecto?

-Cumplimos con los estándares no s ólo de la OCDE, sino que también con los de la Unión Europea y de los principios que publicó la Red Iberoamericana de Agencias de Protección de Datos Personales en cuanto ellos sugieren establecer una autoridad de control independiente y establecen una serie de principios y todos ellos, a nuestro juicio, están plenamente cumplidos. Sin embargo, una vez que la ley esté aprobada y vigente, tanto la OCDE como la UE tendrán que ver eso en su propio mérito.

¿Por qué no se decidió dotar a la Agencia de autonomía constitucional para evitar cualquier tipo de cuestionamiento?

-Eso significaba hacer una discusión de la Constitución y no era le minuto de hacer esa discusión. Y creemos que esta agencia cumple con los requisitos de independencia.

Desde el Consejo para la Trasparencia han insistido que la protección de datos personales debe estar bajo su alero, ¿por qué no se decidió ese camino?

-El acceso a la información pública -que maneja el Consejo para la Transparencia- y la protección de datos -que manejará la agencia- son dos derechos fundamentales que entran en contraposición, ambos son igualmente válidos y la ponderación la tiene que hacer el legislador o en su debido caso los tribunales de justicia. Por lo tanto, es sano que queden en dos instituciones y cuando haya un conflicto que se resuelva por alguien independiente, que son los tribunales de justicia. Y para que ellos resuelvan es importante que tengan las visiones de las dos partes diferentes. Si esto lo dejábamos todo junto dentro del consejo, será éste quien iba a decidir qué prima. Obviamente, como ciudadano podría ir a apelar a la justicia, pero cuando los tribunales pidieran la visión técnica se habrían encontrado con la opinión del consejo como único ente especializado. Además, el día a día del Consejo para la Transparencia es con los organismos públicos, porque se dedica a velar por el buen acceso a la información pública. En cambio, la experiencia muestra que el mayor tratador de datos personales es el sector privado para efectos de desarrollar negocio. Mientras, el sector público también trata datos personales, pero para efectos de fiscalizar y hacer su labor de bien público. Entonces, son competencias diferentes.

Sin embargo, ¿el presidente del Consejo para la Transparencia ha señalado que la tendencia internacional es unir estas dos potestades?

-He escuchado que se ha hablado que de 78 autoridades, 38 tienen estas dos potestades juntas, pero se habla de autoridades, no de países. Entonces, no es justa esa comparación. A nivel de países, son cuatro las experiencias que conozco. México, Reino Unido, Uruguay y Argentina. De hecho, tuve la oportunidad de escuchar al director de la Agencia de Protección de Datos de México que estuvo en Chile y el mensaje que dio fue que por favor no cometiéramos el mismo error que ellos hicieron de dejar bajo la institución de transparencia los datos personales.

Ley de Bancos: “Creo que van a haber perfeccionamientos en algunas redacciones”

Con respecto al proyecto de ley de Bancos y que fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja ¿Cuáles son los próximos pasos?

-Estamos esperando poder ponerlo en la tabla de la Sala de Cámara de Diputados y que se vote la próxima semana. El proyecto ha tenido un amplio consenso. De hecho, se votó como un paquete completo a excepción de dos artículos que la oposición pidió votar por separado que tenían relación con el secreto bancario y cómo se lleva el procedimiento administrativo versus el penal y que los rechazó. Estos dos artículos de todas formas fueron aprobados por el resto de los diputados. Tras ser votado en la sala, el proyecto debería entrar al Senado donde sólo pasará por la Comisión de Hacienda. Nuestro deseo es que esté aprobado antes de terminar el Gobierno.

¿De acuerdo al nuevo informe financiero del proyecto, BancoEstado deberá ser capitalizado por $640 millones adicionales a los $1.260 millones planteados originalmente?

-No es sí o sí. Lo que pasa es que si BancoEstado quiere cumplir con los estándares de Basilea manteniendo la participación de mercado que tiene, necesitará esta cantidad de capital, pero los próximos gobiernos tendrán que ver cuánto es el capital que le pasarán y con qué gradualidad.

¿Y en la tramitación del Senado, se prevén nuevos ajustes al proyecto de ley?

-Creo que van a haber perfeccionamientos en algunas redacciones que todavía pueden estar sujetas a perfeccionamientos y en los dos artículos mencionados, ver si hay alguna forma de lograr un consenso mayoritario. Tengo la idea de esas dos materias, pero no lo hemos conversado técnicamente.