Economía & Dinero

Asesor de Mintrab ve espacio para que grupos negociadores negocien adaptabilidad

Juan Pablo Palacios 25/05/2016

En un informe, Francisco del Río, coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo e investigador de la UAI, analizó fallo del TC y complejo escenario que se abrió.

Una de las materias más complejas que aún mantiene trabadas las definiciones del Gobierno respecto del futuro de la Reforma Laboral, es la interpretación del fallo del Tribunal Constitucional (TC) y sus implicancias respecto del articulado del proyecto, especialmente en los pactos de adaptabilidad.

Mientras en Hacienda consideran que el dictamen impone que la titularidad de los pactos la tienen los sindicatos, en el Ministerio del Trabajo han manifestado una opinión contraria, ya que, dicen, la sentencia estipula que no debe haber diferenciación entre sindicatos y grupos negociadores y, en consecuencia, los primeros no podrían tener iniciativa exclusiva para negociar acuerdos de jornadas excepcionales de trabajo.

Francisco del Río, coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo (Mintrab), elaboró un informe para el Centro de Políticas Laborales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), en el que coincide en que la sentencia del TC no permite espacio a la titularidad del sindicato en materia de adaptabilidad laboral. 

“Estos pactos suponían  en la propuesta del Ejecutivo, la negociación exclusiva del sindicato para el logro del acuerdo respectivo, lo cual es una expresión de la titularidad sindical. Así, si el Tribunal Constitucional estimó que dicha titularidad no se ajusta a los términos constitucionales, la posibilidad de acuerdo se abre también a grupos de trabajadores no sindicalizados, alterando con ello la propuesta original”, dice del Río.

“Dado que numerosas normas del proyecto estaban diseñadas sobre la base de la titularidad sindical en los términos descritos, principalmente atendida la necesidad de protección del trabajador frente a la empresa en una negociación de sus derechos laborales, la eliminación de este requisito posibilita que grupos sin herramientas de protección suficientes pudieren negociar esos derechos (pactos de adaptabilidad). Ello, a juicio del Gobierno, hace que la iniciativa se desestibe significativamente de sus equilibrios originales”, añade el documento.

Del Río también recuerda que el mundo empresarial “nunca ha relevado suficientemente este aspecto de la reforma, dado que la viabilidad de los pactos en la versión original del proyecto, junto a la exigencia de un alto quórum de representatividad del sindicato -estimaban los empleadores-,   harían ilusoria su concreción en la mayoría de las empresas”.

El investigador concluye que el proyecto ha entrado en una delicada fase de negociación.