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Los parlamentarios que tienen contratos con BancoEstado a pesar de normas que lo prohíben

Juan Manuel Ojeda 27/09/2017

Al menos siete diputados y un senador tienen actualmente vínculos financieros con BancoEstado. La situación haría aún más complejo el conflicto desatado por la negativa de la entidad a entregar créditos a candidatos.

Óscar Rementería, el fin de semana recién pasado, realizó una denuncia ante el Servicio Electoral (Servel) motivado por la negativa que le dio BancoEstado a otorgarle un crédito para su campaña política. El rechazo al candidato a senador de Amplitud no fue inédito. Dicha entidad ya había anunciado que no otorgaría créditos a ningún candidato presidencial que fuera parlamentario. No obstante, el episodio reflejó que la política de BancoEstado se extendería además a candidatos a parlamentarios.

El argumento entregado por la entidad financiera radica en dos artículos de la Constitución, específicamente el 57 y el 60. El primero estipula que no podrá ser candidato al Congreso alguien que tenga contratos con el Estado y el segundo que cesará en sus funciones el parlamentario que en el ejercicio de su cargo causare contratos con el Estado (ver recuadro). A raíz de dichas normas constitucionales, BancoEstado ha dicho que desde 1995 optó por no otorgar créditos a ningún parlamentario o candidato, decisión que no está respaldada en ninguna acta, oficio o documento. Fue por esta última razón que Rementería acusó a la institución financiera de antojadiza y dio a conocer a tres parlamentarios que, según información contenida en la página del Congreso que él buscó, tenían créditos hipotecarios con BancoEstado.

Pero no sólo se trata de tres diputados. Al analizar las declaraciones de intereses y patrimonio de todos los diputados y senadores, PULSO identificó al menos ocho diputados que tienen algún tipo de vinculación contractual con BancoEstado (ver tabla). De todos ellos, seis diputados declararon tener un crédito hipotecario con montos que van desde los $9 millones hasta más de $90 millones. Además, el diputado DC, Juan Morano, declaró tener libretas de ahorro en dicho banco por más de $35 millones. Finalmente, de la totalidad de los representantes de la Cámara Alta analizados, el senador PS, Rabindranath Quinteros, declaró un depósito a plazo por casi $100 millones.

La contradicción

En la respuesta que le dio BancoEstado al candidato de Amplitud, la entidad argumentó que un crédito se interpretaría como un contrato y que por lo tanto, debido a la prohibición constitucional, ellos se abstienen de relacionarse con diputados, senadores y candidatos.

Para justificar su postura, BancoEstado pidió un informe en derecho que respaldara la opción. Dicho informe, según quienes han tenido acceso a él, agravaría aún más la situación ya que consideraría como contrato no solamente un crédito, sino que también las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, entre otros. Sobre esto, algunos integrantes del consejo directivo del Servel habrían manifestado su preocupación al respecto ya que abriría la puerta a una cantidad infinita de contratos e incluso pondría un manto de duda respecto de las cuentas electorales que todos los candidatos están obligados a abrir en BancoEstado para recibir dineros para sus campañas.

La abogada constitucionalista, Ángela Vivanco, respaldó esta visión y aseguró que no hay ambigüedad respecto de lo que la Constitución considera como un contrato. “No hay ninguna duda. Puede ser un crédito, un fondo mutuo o un depósito”, aseguró Vivanco.

Sin embargo, desde BancoEstado afirmarían lo contrario. La interpretación a los artículos de la Constitución que viene haciendo desde 1995, sólo aplicaría, según afirmaron, para créditos. Los depósitos a plazo, las cuentas corrientes o de ahorro son considerados por el banco como “contratos de adhesión”. La diferencia que realiza la entidad estatal es que en los contratos crediticios se negocian las condiciones como las tasas, garantías o plazos. Pero los “contratos de adhesión” son disposiciones fijas que no se conversan.

Uno de los problemas de los artículos de la Constitución invocados por BancoEstado radica en la falta de jurisprudencia. Esto significaría que se han aplicado muy pocas veces. Además, tal como aseguró la abogada Vivanco respecto de los actuales parlamentarios que tienen relaciones contractuales con BancoEstado, hay que analizar caso a caso desde cuándo data dicho vínculo ya que si son de antes de asumir el cargo “está totalmente limpio”.

Hoy el consejo directivo del Servel se reunirá para analizar la denuncia realizada por Rementería. Lo que el consejo buscaría es conseguir un cambio en el criterio de BancoEstado. Pero hay certeza de que cualquier solución posible no sería en el corto plazo. El Gobierno por su parte ha optado por tratar de mantener en bajo perfil este conflicto. Los ministros de Hacienda y Economía han avalado la decisión de BancoEstado y por el momento, se descarta cualquier intervención de La Moneda ya que sería muy complicado mediar debido a que la institución es una empresa pública autónoma.

Mientras tanto, a menos de dos meses de las elecciones, los candidatos siguen tratando de buscar financiamiento ya que la negativa a dar créditos también se daría en la banca privada. A pesar de que algunos aspirantes al Congreso evalúan presentar algún recurso de protección o de inhabilidad en el Tribunal Calificador de Elecciones, saben que dicha medida no tendría efectos prácticos. Cualquiera de esos recursos necesitaría al menos tres meses de tramitación para obtener algún resultado. El lunes el presidente (s) de BancoEstado, Enrique Marshall, optó por ser más enfático y cerró la puerta al afirmar que “las reglas no se pueden modificar mientras se está jugando el partido porque eso sería imprudente”.

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, consideró que “lo importante es que BancoEstado revise este criterio, pero que no lo revise hoy día porque finalmente sería ceder a una presión”. Para Precht lo adecuado sería realizar una precisión jurídica de la interpretación de la norma constitucional después de las elecciones “que sea armónica entra la opinión del Servel y la del banco”.

La norma que complica a los parlamentarios

En total son 89 los parlamentarios, entre diputados y senadores, que van a la reelección y que, al igual que sus pares que postulan a La Moneda, están amarrados a las normas legales que les impiden tener contratos con BancoEstado para financiar sus campañas.

El “amarre” está en los artículos 57 y 60 de la Constitución. El primero dice que no pueden ser candidatos parlamentarios “las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado”. Y el segundo añade que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

A eso se suman las trabas de la nueva ley de financiamiento de campañas que elimina el aporte de empresas y restringe el aporte de personas.

Parlamentarios con